En un contexto de tensión social y territorial en la Comarca Andina, la Justicia de Río Negro emitió órdenes de desalojo contra las comunidades Buenuleo en Furilofche y Quemquemtrew en Cuesta del Ternero. La decisión judicial se da en medio de acusaciones cruzadas por incendios recientes en la zona y en un escenario de disputa por el acceso a la tierra.

Según fuentes del ámbito judicial, los fallos fueron respaldados por la interpretación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en favor del Estado y de particulares, lo que provocó el rechazo de las comunidades afectadas y organizaciones indígenas. La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro informó que el Tribunal de Impugnación de la provincia rechazó las apelaciones presentadas por la defensa de las comunidades.

Las órdenes de desalojo han sido cuestionadas por referentes indígenas, quienes sostienen que se desconocieron normas de rango constitucional y tratados internacionales de derechos humanos. Además, denuncian que la Justicia invalidó el relevamiento territorial realizado en el marco de la Ley 26.160, que reconoce la ocupación tradicional de los pueblos originarios.

Ante esta situación, el Parlamento Mapuche Tehuelche presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 9 de enero. En su escrito, registrado bajo el número 96351, solicitó la suspensión de seis órdenes de desalojo en la provincia, incluyendo las de Buenuleo y Quemquemtrew. Además, requirió que la CIDH informe sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina a organismos multilaterales de crédito.

Dirigentes indígenas sostienen que existe un contexto de deslegitimación de las demandas territoriales de las comunidades, con denuncias de terrorismo y criminalización de dirigentes. En este marco, aseguran que la política extractiva de la provincia avanza sobre territorios reclamados por pueblos originarios, generando un clima de tensión en la región. La situación mantiene en alerta a organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos, que han manifestado su apoyo a las comunidades afectadas.