El bloque de legisladores de Unión por la Patria en el Congreso Nacional presentó proyectos de ley para revocar las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Javier Milei a través de la "Ley Bases". La iniciativa se da en un contexto de crisis política tras la estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, promovida por el propio mandatario.

El respaldo a estas medidas también se manifiesta en el ámbito provincial. En Río Negro, el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, presentó proyectos en la Legislatura que acompañan la decisión de restringir las facultades delegadas al Ejecutivo Nacional. Según argumentan los impulsores de la iniciativa, la concentración de poder derivada de la "Ley Bases" permitió decisiones sin el control adecuado, generando riesgos institucionales.

El escándalo de la criptomoneda $LIBRA es uno de los principales factores que motivaron esta discusión. Se estima que más de 40.000 personas fueron víctimas de una estafa financiera, con pérdidas cercanas a los 4.000 millones de dólares. El esquema conocido como "rug pull" consistió en inflar artificialmente el valor del activo digital para luego abandonarlo, dejando sin respaldo a los inversores.

Desde el bloque de legisladores que impulsa la revisión de facultades delegadas sostienen que es necesario restablecer el equilibrio de poderes y garantizar que las medidas de emergencia adoptadas por el Ejecutivo respeten los principios constitucionales de legalidad y control. "No podemos permitir que se sigan tomando decisiones de manera unilateral y sin los controles necesarios", expresó Berros al fundamentar su posición.

En el Congreso Nacional, distintas figuras políticas respaldaron la iniciativa de revocación de facultades. La diputada Victoria Tolosa Paz se manifestó en favor de fortalecer el rol del Parlamento como “núcleo de la democracia”, mientras que Cecilia Moreau se pronunció sobre la necesidad de recuperar las facultades delegadas que "nunca debieron ser cedidas".

El debate sobre las facultades extraordinarias se profundiza en un escenario de tensión política y económica, con sectores que reclaman mayor control sobre las decisiones del Ejecutivo y la restitución de atribuciones al Poder Legislativo.