Referentes políticos y organizaciones exigen una investigación y rechazan la violencia en el ámbito institucional

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La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, fue víctima de amenazas y agresiones por parte del presidente del Concejo Deliberante, Alberto Ariaudo, un hecho que generó un fuerte repudio en distintos sectores políticos y sociales de Río Negro. La denuncia señala que Ariaudo habría proferido amenazas verbales e incluso exhibido un arma de fuego en el marco de una disputa institucional, lo que motivó una ola de pronunciamientos en contra de la violencia política y de género.
 
El bloque de legisladores de *Vam¹¹¹os con Todos* expresó su “más enérgico repudio” ante la situación y exigió que las autoridades lleven adelante una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de Salzotto y su equipo de trabajo. En el mismo sentido, instaron a todas las fuerzas políticas a unirse en el rechazo a la violencia y a defender los valores democráticos.
 
Por su parte, las Mujeres del Partido Justicialista de Río Negro se solidarizaron con la intendenta y calificaron lo ocurrido como un caso de “violencia política extrema”, agravado por su condición de mujer. En su comunicado, reclamaron la implementación de un marco regulatorio dentro del partido que establezca límites claros para quienes ocupan espacios de representación y evitar que personas con antecedentes de violencia accedan a cargos públicos. También propusieron la exigencia de certificados de antecedentes y protocolos de acompañamiento ante situaciones de violencia de género dentro del partido.
 
Desde el Partido Justicialista de Río Negro, también condenaron lo sucedido y señalaron que “los violentos no tienen lugar en la representación política”. En su pronunciamiento, remarcaron la necesidad de tomar medidas concretas para prevenir este tipo de situaciones y respaldaron a Salzotto frente a las amenazas recibidas.
 
El bloque de legisladores del Partido Justicialista - Nuevo Encuentro (PJ-NE) se sumó a los repudios y advirtió que este tipo de hechos no solo afectan a la intendenta en lo personal, sino que representan un ataque a las instituciones democráticas. En esa línea, exigieron que la Justicia intervenga con celeridad para esclarecer lo sucedido y garantizar la seguridad de todos los trabajadores municipales.
 
El episodio pone en agenda el debate sobre la violencia política y de género en el ámbito institucional, con llamados a reforzar mecanismos de prevención y sanción para evitar que se repitan situaciones similares.