La prolongada espera por la finalización de la rotonda en la intersección de la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 250 continúa generando malestar en Choele Choel. El legislador Luciano Delgado Sempe expresó su preocupación tras recibir una respuesta de Vialidad Nacional respecto al amparo presentado, que exigía la conclusión de una obra que ya acumula más de cuatro años de retraso.

Según detalló Delgado Sempe, la respuesta oficial minimiza las dificultades que atraviesan los vecinos y comerciantes de la zona, quienes se ven afectados por las malas condiciones viales y la falta de medidas de seguridad en un punto de alta circulación. “La contestación de Vialidad Nacional ignora completamente la grave situación que vivimos en Choele Choel, y más aún el peligro al que estamos expuestos todos los días”, sostuvo el legislador.

Los habitantes del barrio Las Bardas, por ejemplo, llevan más de cuatro años utilizando las calles internas como única vía de acceso desde la Ruta 22 hacia Río Colorado. Esta situación no solo ha generado daños estructurales en las viviendas cercanas, sino también un ambiente insalubre debido al polvo constante, afectando la calidad de vida de los vecinos. Además, los comercios locales, como estaciones de servicio y otros negocios, se ven gravemente perjudicados por la falta de infraestructura vial adecuada, lo que les ha impedido desarrollar sus actividades de manera normal.

A pesar de las dificultades expuestas, Vialidad Nacional respondió al amparo señalando que la demora en la finalización de la obra no representa un peligro inmediato y calificando el reclamo como “abstracto y conjetural”. Esta postura generó aún más preocupación entre los vecinos y las autoridades locales, que ven cómo la situación se agrava con el paso del tiempo. "No solo no se ofrece solución alguna a los problemas actuales, sino que también se extiende la incertidumbre por más de dos años, sin ninguna acción concreta", señaló Delgado Sempe.

El plazo mencionado por Vialidad Nacional para culminar la obra es de 25 meses, lo que ha generado un fuerte rechazo tanto entre los vecinos como en los sectores políticos locales. A pesar de este nuevo cronograma, no se incluyen acciones inmediatas para mejorar las condiciones de las calles alternativas ni medidas urgentes para incrementar la seguridad vial en la zona.

Ante este panorama, la resolución final sobre la situación recaerá en un juez federal, quien deberá decidir si se adoptan soluciones concretas a corto plazo para garantizar la seguridad y calidad de vida de los vecinos y comerciantes, o si se permite que el Gobierno Nacional se tome el plazo establecido de 25 meses para concluir la obra.