Productores advierten sobre el impacto económico y sanitario de la medida y analizan posibles acciones

Comentar
La reciente decisión del Gobierno Nacional de eliminar la barrera sanitaria que separa a la Patagonia del resto del país ha generado una fuerte reacción en el sector ganadero de la región. Productores y dirigentes rurales advierten sobre las graves consecuencias económicas y sanitarias que podría traer esta medida, mientras se organizan reuniones y se analizan posibles acciones políticas y judiciales para revertirla.

Según pudo confirmar La Palabra, la medida tomó por sorpresa a las entidades rurales y a los gobiernos provinciales, que no fueron consultados previamente. Luis Sacco, consejero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en representación de Río Negro en la Federación de Sociedades Rurales, expresó su preocupación y señaló que la decisión pone en riesgo el trabajo de años en materia de sanidad animal y mercados de exportación.

Uno de los principales temores del sector es que la eliminación de la barrera sanitaria aumente el riesgo de ingreso de fiebre aftosa, lo que podría comprometer los acuerdos comerciales con mercados internacionales como Chile, la Unión Europea y Japón. “Un brote de aftosa en la Patagonia destruiría todo, no solo la producción vacuna, sino también la ovina, que ha logrado exportaciones importantes”, advirtió Sacco.

El impacto económico de la medida también genera incertidumbre. Desde la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro se advirtió que el fin de la barrera sanitaria beneficiará a un grupo reducido de actores económicos, mientras que podría perjudicar gravemente a los pequeños y medianos productores de la región. Además, se recordó el caso de Sudáfrica, donde un brote de aftosa llevó a China a suspender la importación de lana por seis meses, afectando gravemente la economía del sector ovino.

Ante esta situación, productores y dirigentes comenzaron a movilizarse y analizar posibles medidas a tomar. Según confirmó Sacco, ya se están organizando reuniones y contactos con autoridades provinciales para evaluar respuestas. Se espera que en los próximos días los gobiernos patagónicos se expidan oficialmente sobre la cuestión y que se definan acciones concretas, tanto en el ámbito político como en el judicial, para frenar la implementación de la medida.