La difusión de la identidad de un estudiante que denunció públicamente problemas en los comedores escolares de General Roca derivó en un fuerte conflicto entre el gremio docente Unter y el gobierno provincial. La situación se desató luego de que el gobernador Alberto Weretilneck respondiera en redes sociales al reclamo de un joven en una marcha estudiantil, mencionándolo con nombre y apellido. Desde la conducción gremial se analiza acompañar posibles acciones legales en caso de que la familia decida judicializar el caso.

La controversia surgió tras una publicación en la red social X realizada por Weretilneck, en la que hizo referencia a las declaraciones del presidente del Centro de Estudiantes del CET N°3, quien durante una movilización cuestionó el estado de los alimentos que se entregan en comedores escolares, haciendo alusión a “manzanas podridas”. En su posteo, el mandatario señaló expresamente el nombre del joven e informó que había instruido al Ministerio de Educación para que inicie un sumario administrativo con el fin de esclarecer los hechos denunciados.

La reacción oficial no tardó en generar respuestas desde distintos sectores. En el plano político, legisladores opositores calificaron la exposición como un intento de “disciplinamiento” y solicitaron informes sobre las condiciones alimentarias en las escuelas de la provincia. En paralelo, desde la seccional Roca de Unter expresaron su rechazo por la difusión pública de los datos del alumno y consideraron que se trató de una acción que podría haber vulnerado derechos fundamentales.

Patricia Ponce, secretaria general del gremio en Roca, declaró al medio digital Literal.ar que ya están evaluando el acompañamiento legal en caso de que la familia del estudiante quiera avanzar judicialmente. “Como sindicato, defendemos la libertad de expresión y el derecho de los estudiantes a manifestarse. Nos pareció preocupante que se haya publicado el nombre y apellido del joven, algo que debe ser resguardado”, señaló.

Según Ponce, la denuncia no apuntó a un hecho puntual en el CET 3, sino que reflejó una situación general que ya había sido advertida por el propio gremio. En ese sentido, describió un panorama crítico en los comedores escolares de la ciudad, donde, según indicó, la calidad de los alimentos ha disminuido notoriamente y las entregas se realizan de forma irregular. “Hoy por hoy, se recibe lo mínimo indispensable. Hay entregas semanales de productos como pollo, pero los alimentos frescos llegan con muchas dificultades”, detalló.

La dirigente gremial también confirmó que el sindicato se presentó en el establecimiento educativo y puso a disposición asesoramiento legal y técnico. Además, anticipó que el tema será llevado al próximo plenario de secretarios generales de Unter, donde se analizarán los pasos a seguir.

Mientras tanto, desde el Consejo Provincial de Educación se resolvió formalmente el inicio de un sumario ordinario para determinar posibles responsabilidades en relación con la supuesta entrega de alimentos en mal estado. La medida busca establecer si existieron irregularidades en el manejo de la fruta destinada a los comedores y verificar las condiciones en las que fue distribuida.

El vocal gubernamental del organismo, Fabio Sosa, explicó que el proceso administrativo apunta a “respetar la inversión pública realizada por la provincia” y que cualquier reclamo formal deberá estar respaldado por documentación. “Hasta el momento, no se había recibido una presentación concreta. Para avanzar, necesitamos una ratificación de los hechos por parte del cuerpo docente”, afirmó en diálogo con CNN Radio Roca.

Sosa aclaró además que el sumario no incluye ninguna actuación contra el estudiante involucrado y que, en caso de confirmarse irregularidades, se exigirá al proveedor una respuesta por los productos entregados. Según datos oficiales, el gobierno provincial destina aproximadamente 35 millones de pesos mensuales para la provisión de frutas en los establecimientos educativos de General Roca.

Desde Unter insisten en la necesidad de proteger los derechos de los y las estudiantes frente a situaciones que puedan condicionar su derecho a expresarse libremente, especialmente en contextos donde se denuncian posibles vulneraciones a las condiciones básicas de asistencia alimentaria. En ese marco, sostienen que el gremio continuará brindando respaldo legal y político a quienes elijan manifestar sus demandas de forma pacífica y organizada.