La legisladora rionegrina Ana Marks denunció públicamente el incumplimiento de la Ley 4395 por parte del Gobierno provincial y el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), luego de un pedido de informe presentado en febrero de este año. En dicha solicitud, Marks exigía datos cruciales sobre el cumplimiento de esta normativa, que prohíbe el corte de servicios públicos a jubilados, desocupados, madres solteras y familias en emergencia socioeconómica. La respuesta obtenida, según la legisladora, ha sido "insólita y una falta de respeto" hacia los ciudadanos de la provincia.

En un comunicado emitido a los medios, Marks explicó que, pese a la solicitud formal, el EPRE solicitó una prórroga para responder y, al final, proporcionó información irrelevante. Más de dos meses después, señaló que el Ministerio de Hacienda continúa sin brindar respuesta alguna. "Es un papelón institucional", afirmó Marks, quien además hizo hincapié en que este tipo de situaciones afectan directamente a los usuarios y usuarias de Río Negro, quienes no están en condiciones de pagar sus facturas debido a las subas de tarifas y la eliminación de subsidios implementadas por el Gobierno Nacional, en colaboración con el gobierno provincial de Alberto Weretilneck.

La Ley 4395, que fuera prorrogada en 2024 por la Ley 5758, es un instrumento clave para proteger a los sectores más vulnerables, garantizando que nadie quede sin acceso a servicios básicos como electricidad y gas, especialmente en una provincia donde las temperaturas extremas hacen que estos servicios sean esenciales para la supervivencia. Marks subrayó que "sin servicios básicos no hay dignidad ni derechos humanos garantizados", un principio que ha sido reiterado por diferentes organizaciones sociales, como la Asamblea de Jubilados de Bariloche, que exigen mayor difusión y cumplimiento de la normativa.

El pedido de informe de la legisladora incluía varias preguntas fundamentales sobre la implementación de la ley, tales como la cantidad de inscriptos en cada prestadora de servicios y por localidad, los beneficiarios que han logrado evitar el corte de servicios gracias a la ley, y la cantidad de usuarios que se encuentran actualmente en un plan de pago. Sin embargo, el EPRE no solo no respondió a tiempo, sino que reconoció no contar con los datos necesarios sobre los beneficiarios ni sobre las campañas de difusión de la ley. Por su parte, el Ministerio de Hacienda sigue sin dar una respuesta, lo que para Marks evidencia una falta de voluntad política por parte del oficialismo para aplicar la ley y proteger a los sectores más necesitados.

La legisladora también recordó que, más allá de la falta de acción respecto a la Ley 4395, se encuentran bloqueados en la Legislatura proyectos clave para mejorar el sistema de servicios públicos en Río Negro. "Hace meses esperamos el tratamiento de proyectos de ley que hemos presentado para declarar la emergencia del sistema eléctrico y suspender los aumentos, además de otro proyecto que propone modificar la composición y los objetivos del EPRE, con el fin de fortalecer la protección de los usuarios", expresó Marks, quien lamentó la falta de avance en estos debates.

Marks concluyó su denuncia resaltando la paradoja de que, mientras Río Negro produce energía para abastecer a todo el país, sus propios habitantes sufren de pobreza energética. "El Gobierno provincial prefiere ocuparse de los negocios derivados de la energía y no de garantizar que nuestros vecinos puedan acceder a servicios básicos", afirmó. En este sentido, exigió respuestas inmediatas y acciones concretas para asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de los y las rionegrinas.

La situación ha generado un creciente malestar en la sociedad, particularmente entre aquellos sectores que se benefician de la Ley 4395, quienes ven en esta falta de respuesta gubernamental una violación directa a sus derechos. Las organizaciones sociales, por su parte, continúan presionando para que se tomen medidas urgentes ante lo que consideran un grave desinterés por parte de las autoridades provinciales en la defensa de los sectores más vulnerables.