Un proyecto de ley ingresado recientemente en la Legislatura de Río Negro propone prohibir el cierre —ya sea definitivo o transitorio— de escuelas, escuelas-hogar y residencias educativas rurales en toda la provincia. La iniciativa surge ante la preocupación por la disminución progresiva de establecimientos en zonas alejadas, lo que afecta el acceso a la educación pública de niñas, niños y adolescentes que viven en el ámbito rural.

La propuesta fue impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, en coautoría con Fabián Pilquinao, y cuenta con el respaldo de José Luis Berros y Ayelén Spósito. El proyecto apunta a resguardar el derecho a la educación en contextos rurales y evitar que decisiones administrativas —a veces transitorias y otras definitivas— priven a comunidades enteras del acceso a la escolaridad obligatoria, garantizada por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Educación.

El texto legislativo se fundamenta en el impacto que el cierre de estos establecimientos tiene sobre el arraigo territorial, las posibilidades de permanencia de las familias en sus lugares de origen y la preservación de la identidad cultural rural. “Una escuela que se cierra rara vez vuelve a abrir, aunque haya estudiantes que necesiten educarse”, sostiene la autora del proyecto. También se enfatiza el rol que cumplen estas instituciones como nexo con otros servicios esenciales del Estado, como la salud, la seguridad y los organismos de fomento.

Durante la presentación, se expusieron varios antecedentes de cierres ocurridos en la última década. Entre ellos, se mencionaron los casos de la Escuela Hogar N°170 en Casa de Piedra (2010), la Escuela Primaria N°51 de Colonia Josefa (2019), y las residencias de Ramos Mexía y El Cuy (ambas en 2016). Asimismo, se registraron cierres entre 2017 y 2025 en localidades como Arroyo Tembrao, Queupu Niyeu, Pilquiniyeu del Limay, Valcheta, Arroyo Los Berros, El Caín, Colan Conhué, Manuel Choique, Mencue y Sierra Colorada.

La legisladora subrayó que estos cierres impactan de forma directa en la continuidad educativa de niñas, niños y jóvenes, y denunció que algunas escuelas fueron cerradas bajo el argumento de la “transitoriedad”, sin que se restableciera luego el servicio. También advirtió sobre la autorización de funcionamiento de establecimientos bajo administración privada en sectores rurales, lo que, según señaló, representa un retroceso en el derecho a una educación pública, gratuita y equitativa.

El proyecto será debatido en comisiones legislativas en las próximas semanas, en un contexto donde la situación de las escuelas rurales ha ganado visibilidad por los reclamos de comunidades educativas y organizaciones sociales. La iniciativa busca instalar la necesidad de una política sostenida de defensa de la educación rural como elemento clave para el desarrollo territorial.