El Ministerio Público Fiscal archivó una denuncia penal contra la exgobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, al considerar que no se configuró delito alguno en el acuerdo suscripto con la empresa estatal israelí Mekorot para el asesoramiento en el uso sostenible de los recursos hídricos en la provincia.

La presentación había sido realizada por las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito, integrantes del bloque Vamos con Todos. En su escrito, pidieron que se investigara a la exmandataria por presunto “abuso de poder” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El convenio con Mekorot fue firmado en 2023 a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), luego de un viaje oficial de Carreras a Israel en 2022 como parte de una delegación nacional. El contrato preveía un estudio hídrico por un monto estimado de un millón de dólares, financiado por el CFI.

Entre los argumentos de la denuncia, se cuestionó que la entonces gobernadora habría asumido competencias que no le correspondían, por tratarse de una materia específica del Departamento Provincial de Aguas (DPA), y que el acuerdo se firmó sin participación provincial ni control legislativo. También se alegó que el convenio implicaba una cesión de soberanía por incluir cláusulas de resolución de conflictos bajo jurisdicción extranjera.

Sin embargo, el fiscal Guillermo Ortiz rechazó esos planteos. En su dictamen, señaló que el acuerdo no constituye un tratado internacional, por lo que no se encontraba sujeto a los mecanismos de control legislativo ni requería su publicación en el Boletín Oficial. Además, afirmó que la provincia no asumió obligaciones contractuales, ya que el convenio fue suscripto entre el CFI y Mekorot.

Ortiz también indicó que el DPA participó en instancias previas al acuerdo, y que los estudios técnicos realizados fueron puestos a disposición del Estado provincial. Negó, en ese sentido, que haya existido confidencialidad sobre los resultados ni exclusión de la autoridad de aplicación.

Finalmente, el fiscal concluyó que no se verificaron conductas dolosas ni incumplimientos de deberes por parte de Carreras. Consideró infundadas las acusaciones de abuso de poder y arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, y resolvió el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.