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La legisladora de Vamos con Todos Magdalena Odarda, presentó el pasado 7 de mayo un recurso de revisión ante el Ministerio Público Fiscal para que se reconsidere la desestimación de la denuncia penal relacionada con el convenio suscripto entre el Gobierno de Río Negro y la empresa estatal israelí Mekorot. El acuerdo había sido denunciado por presuntas irregularidades y posibles delitos cometidos por funcionarios públicos provinciales.
La denuncia, presentada este año, apuntaba a que se investigue la eventual comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y afectación de la soberanía sobre bienes naturales estratégicos. El convenio, que no fue publicado en el Boletín Oficial ni remitido a la Legislatura, también fue cuestionado por incluir cláusulas que limitan el acceso a la información generada sobre los recursos hídricos de la provincia.
Según explicó Odarda, el acuerdo contempla el análisis estratégico del agua en territorio rionegrino, el cálculo de su valor económico, proyecciones de demanda, diseño de una autoridad regulatoria y hasta eventuales mecanismos de comercialización o distribución. En ese sentido, afirmó que el contenido del convenio compromete aspectos fundamentales de la gestión pública, con fuerte impacto en el interés provincial.
El recurso sostiene que la decisión de la Fiscalía N° 4 de desestimar la denuncia fue jurídicamente incorrecta, por no haber valorado integralmente el daño institucional que podría derivarse de este tipo de acuerdos. Entre los argumentos centrales, se destaca la ausencia de tratamiento legislativo, la falta de convocatoria a consulta pública, la cesión de propiedad intelectual y el incumplimiento de requisitos constitucionales para firmar convenios con entidades extranjeras.
Odarda subrayó que “el Estado no puede entregar la información estratégica sobre nuestros bienes naturales comunes, que en este caso es el agua, ni firmar acuerdos de espaldas a la ciudadanía”, y advirtió que prácticas de ese tipo vulneran la Constitución, restringen el acceso a la información pública y afectan los principios democráticos.
Ahora, la causa deberá ser evaluada por el fiscal superior correspondiente, quien tendrá la responsabilidad de definir si revoca la desestimación dictada por la Fiscalía interviniente y habilita el inicio de una investigación judicial.
17 junio 2025
Río Negro