La reducción de subsidios al gas para más de 150.000 usuarios del régimen de Zona Fría en la región patagónica generó cuestionamientos por parte de la legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, que presentó un proyecto para declarar la emergencia energética y reclama su tratamiento urgente.

La medida, dispuesta por el Gobierno nacional, establece una baja del 50% al 30% en los descuentos de las tarifas de gas para usuarios en los que se detectó la existencia de múltiples medidores a nombre de una misma persona. Desde el bloque Vamos con Todos se advirtió que esta decisión podría afectar a miles de hogares en la provincia que no cuentan con otras fuentes de calefacción, en un contexto climático adverso.

Según argumentó Odarda, la resolución no distingue entre situaciones reales de necesidad y supuestas irregularidades administrativas, y cuestionan que no se contemple la revisión caso por caso. El reclamo se centra en que el régimen de Zona Fría, establecido por la Ley 25.565 y ampliado en 2021 por la Ley 27.637, fue diseñado para garantizar el acceso a la energía en regiones con bajas temperaturas como la Patagonia.

En este contexto, se volvió a insistir con el tratamiento del proyecto ingresado la semana pasada en la Legislatura rionegrina para declarar la emergencia energética. El objetivo de esa iniciativa es establecer herramientas provinciales que permitan mitigar el impacto del aumento de tarifas y garantizar el acceso equitativo a la energía.

Río Negro es una de las provincias con mayor cantidad de beneficiarios del régimen de Zona Fría. La posibilidad de una reducción generalizada en los descuentos encendió señales de alerta en organizaciones sociales, sindicatos y sectores políticos que consideran que la medida no tiene en cuenta las particularidades de los hogares de la región.

El régimen en cuestión alcanza a más de 4,3 millones de usuarios en todo el país. En el caso de Río Negro, abarca a localidades que registran temperaturas bajo cero durante gran parte del año, donde el acceso al gas representa un recurso esencial para garantizar condiciones de vida dignas.

El debate sobre el acceso a la energía como derecho y la posibilidad de que se revierta la medida a nivel nacional se mantiene abierto, en un escenario marcado por el ajuste en subsidios y la suba sostenida de tarifas.