El Ministerio de Salud de Río Negro inició un proceso formal de intimación a 140 obras sociales por la deuda acumulada en concepto de atención médica brindada a sus afiliados en hospitales públicos de la provincia. El monto total estimado por estos servicios impagos asciende a los $5.500 millones.

La medida fue impulsada por el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, quien firmó las cartas documento que ya comenzaron a enviarse a las entidades responsables. El procedimiento se enmarca en la Ley Provincial N° 5754, que establece el Régimen de Recupero de Fondos por Servicios Asistenciales prestados por el sistema público de salud.

“El recupero de fondos es una herramienta clave para el sostenimiento del sistema público. Cuando una obra social reintegra lo que se invirtió en la atención de uno de sus afiliados, ese recurso vuelve a estar disponible para seguir garantizando el acceso a la salud de otra persona que lo necesita”, expresó el ministro Thalasselis al referirse a la decisión.

Además, el titular de la cartera sanitaria subrayó que “aplicar este mecanismo no es una opción, es una responsabilidad. La ley nos da las herramientas y corresponde usarlas para garantizar que los recursos del sistema público se utilicen de manera justa y eficiente”.

En la misma línea, la subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, Paula Columbro, detalló que la intimación se realizó tras verificar los montos adeudados por cada obra social desde el área provincial de Fondos de Obras Sociales (FOS). “Las deudas intimadas van desde los $600.000 hasta los $1.200 millones”, indicó.

La normativa vigente establece que los fondos recuperados deben destinarse al mejoramiento del funcionamiento y equipamiento de los hospitales públicos, al fortalecimiento y estímulo de los equipos de salud, y a la conformación de un fondo común de redistribución, que se asignará a los distintos servicios hospitalarios según las necesidades.

Con esta acción, el Gobierno Provincial busca reforzar el financiamiento del sistema sanitario, ante el creciente volumen de prestaciones que realiza a afiliados de entidades que, por ley, deben responder económicamente por los servicios utilizados en la red pública.