El bloque legislativo Vamos con Todos presentó un proyecto de ley para crear el Registro Provincial Único de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental en el ámbito del Ministerio de Salud de Río Negro. La iniciativa, impulsada por la legisladora Ayelén Spósito y el presidente del bloque, José Luis Berros, busca sistematizar información clave para fortalecer la gestión sanitaria y garantizar los derechos de quienes atraviesan internaciones.

“Esta herramienta permitirá conocer cuántas personas están internadas, en qué condiciones, y bajo qué circunstancias legales y sociales. Pero sobre todo, nos permitirá hacer foco en lo que establece la ley: que la internación debe ser el último recurso, no la regla”, explicó Spósito al fundamentar la propuesta.

El proyecto se alinea con los principios de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la normativa provincial vigente, que priorizan la atención comunitaria por sobre las prácticas de encierro prolongado. El registro buscará relevar datos sociodemográficos, de género, situación judicial y familiar, tipo y duración de las internaciones, entre otros aspectos que la autoridad sanitaria considere relevantes.

“Río Negro tiene una trayectoria histórica de avanzada en salud mental, con procesos de desmanicomialización concretos y un modelo que se sostiene en el trabajo comunitario. Este registro es necesario y coherente con lo que se construyó en la Provincia”, agregó la legisladora.

La propuesta también responde a una recomendación planteada por la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, en su informe anual 2023-2024, donde subrayó la necesidad de contar con un sistema provincial de registro compatible con el RESAM (Registro Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental), vigente a nivel nacional.

Por su parte, Berros señaló que “contar con datos organizados, sistemáticos y confiables nos va a permitir planificar políticas públicas con base en la realidad. Y nos ayuda a no perder de vista que detrás de cada número hay una persona, con derechos, con historia y con un presente que merece atención digna y respetuosa”.

El proyecto establece que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y tendrá la responsabilidad de garantizar la confidencialidad de los datos personales, conforme a la legislación vigente en materia de protección de la información. Asimismo, el Órgano de Revisión en Salud Mental podrá acceder al registro bajo criterios establecidos por la normativa.

La iniciativa fija un plazo de 60 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley una vez que sea sancionada, y se inscribe en una línea de trabajo del bloque orientada a consolidar un sistema público de salud mental con perspectiva de derechos humanos, descentralizado y con participación activa de la comunidad.