Los bloques legislativos Vamos con Todos y PJ – Nuevo Encuentro expresaron su preocupación por la creciente crisis social en Río Negro, visibilizada en las recientes muertes de personas en situación de calle y en la insuficiencia de los dispositivos estatales de contención. En ese marco, presentaron un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura de la provincia para conocer el grado de implementación de la Ley D Nº 5614, sancionada en 2021, que crea el Sistema de Protección de Derechos de Personas en Situación de Calle.

La iniciativa parlamentaria busca esclarecer por qué, a pesar de contar con una normativa específica, no se han generado políticas públicas efectivas para atender a esta población en situación de extrema vulnerabilidad, especialmente en el contexto invernal. La ley, que fue impulsada por la exlegisladora María Eugenia Martini, aún no fue reglamentada ni cuenta con una aplicación concreta, según denunciaron los legisladores.

“Estamos ante una situación humanitaria que no puede esperar más. No se trata solo de estadísticas, estamos hablando de personas que mueren de frío, solas, en un auto o en la calle”, señaló el legislador José Luis Berros. En ese sentido, subrayó que la normativa vigente representa una herramienta clave para garantizar derechos básicos, pero permanece sin avances desde su sanción.

Por su parte, la legisladora Ana Marks remarcó que a la falta de respuesta provincial se suma el vaciamiento del Estado nacional en materia social: “El Ministerio de Desarrollo Humano fue desmantelado y ya no hay centros de referencia en las localidades. Milei fue más allá aún: mediante un decreto, transfirió toda responsabilidad a las provincias y municipios, desligándose de su rol en la asistencia a personas en situación de calle”.

El pedido de informes presentado requiere detalles sobre el presupuesto asignado y ejecutado, los equipos técnicos involucrados y las acciones desarrolladas en el marco de la ley provincial. También se consulta por el grado de articulación con municipios, la Nación y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el hogar Emaús de Bariloche, una institución que desde hace casi 20 años brinda asistencia a personas en situación de calle gracias al trabajo voluntario.

“La situación es crítica. No puede ser que, en pleno 2025, todavía no haya una política pública clara para abordar esta realidad”, insistió Berros. A su vez, Marks destacó que sin instituciones como Emaús, “muchas personas estarían directamente en la calle”, e instó al Estado a “acompañar y fortalecer” esas iniciativas.

Los legisladores recordaron que también existe un marco nacional —la Ley 27.654— que obliga a los distintos niveles del Estado a garantizar alojamiento, asistencia, acceso al trabajo y medidas de inclusión para las personas en situación de calle. En ese sentido, cuestionaron la inacción oficial y advirtieron sobre el agravamiento de la situación durante el invierno.

“El frío ya está instalado, y con él, el riesgo de que más personas pierdan la vida por causas absolutamente evitables. La pobreza no puede ser condena, y la calle no puede ser sentencia de muerte”, concluyó Berros. Marks agregó que “sin presencia del Estado, estamos frente a un escenario trágico para quienes ya están en situación de calle y para quienes están en riesgo de llegar a esa situación”.

El pedido de informes lleva la firma de los legisladores José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao (Vamos con Todos) y de Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García (PJ - Nuevo Encuentro).