Adriana Fabi, madre del oficial de policía Gabriel Mandagaray —fallecido en abril de 2021 durante una instrucción del Grupo COER en Bahía Creek—, difundió una carta pública en la que expresó un profundo malestar por el accionar del Poder Judicial de Río Negro, especialmente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ante la notificación de una nueva audiencia prevista para el próximo 2 de septiembre.

“Una burla más del sistema judicial rionegrino hacia la víctima, la familia de la víctima y un segmento de la sociedad que todavía cree en los estándares morales y éticos con que deben investirse los encargados de impartir Justicia”, escribió Fabi, señalando que el expediente “vuelve al STJ después de un año” a partir de planteos de las defensas de los condenados en el juicio oral.

En su mensaje, la madre del joven oficial remarcó que su familia ha sido respetuosa del proceso judicial, pero advirtió que “no permitiremos que continúen los abusos” y calificó de “lamentable y vergonzoso” el tiempo que se toma el tribunal para resolver la situación.

Fabi apuntó directamente a los condenados por el caso, a quienes señaló como “reconocidos culpables del homicidio” de su hijo. “Gozan de libertad, sueldo que el Estado les sigue abonando sin trabajar, además son emprendedores de sus propias pymes, planifican su vida con normalidad y en las audiencias se los llama ‘señores’”, denunció.

Gabriel Mandagaray tenía 25 años, era papá de un niño pequeño y estaba en pleno ascenso dentro de la carrera policial. Murió durante un curso de entrenamiento del grupo especial COER en condiciones que fueron calificadas por la pericia forense como “una muerte en custodia”.

“Entiendo que mi hijo fue víctima de la violación de todos sus derechos, inclusive el más sagrado, que es la vida. Los autores responsables son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero al STJ le pesa mucho más velar por las garantías de esos criminales que por hacer justicia a un inocente”, sostuvo Fabi.

A través de su descargo, visiblemente conmocionado, también relató el impacto emocional que dejó la pérdida en su entorno. “Han desmembrado a mi familia y decapitado a la familia de mi nieto, quien comenzó a preguntar por su papá. Se me parte el corazón cuando su hijito me pregunta: ‘¿Y mi papá por qué no se defendió? ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Y esos hombres malos dónde están?’”, escribió.

Además, alertó sobre el riesgo de que casos similares sigan ocurriendo si no hay penas ejemplares: “Si este hecho aberrante y perverso no concluye con una pena ejemplificadora, se sumarán más Gabriel en la lista de víctimas fatales en manos de abusadores de poder dentro de las fuerzas provinciales y nacionales”.

En el cierre, Fabi apeló a una frase recientemente pronunciada por el gobernador Alberto Weretilneck: “El que no trabaja, se va. El que cumple, se queda”, y la dirigió a los magistrados: “Señores jueces, recuerden su juramento. Y si no cumplen, que Dios y la Patria se lo demanden”.

La causa por la muerte de Mandagaray se encuentra a la espera de una definición final por parte del Superior Tribunal de Justicia, en un contexto de creciente reclamo por parte de familiares, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad que exigen justicia.