La Justicia Federal le dio la razón a la Provincia de Río Negro y ordenó al Estado Nacional ejecutar obras urgentes de reparación en la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre San Carlos de Bariloche y El Bolsón. La medida surge a partir de una causa iniciada por la Fiscalía de Estado provincial, en defensa de la seguridad y la integridad vial de los habitantes de la región.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia del fallo y cuestionó la inacción del Estado Nacional: “Este fallo ratifica todo lo que venimos diciendo respecto del abandono de las rutas por parte del Estado. No importa de qué gestión se trate, siempre miran para el costado cuando se trata de las necesidades del interior del país”.

El mandatario provincial subrayó que la decisión judicial fue consecuencia de la falta de respuestas oficiales: “Desde Buenos Aires quisieron hacernos creer que con un poco de bacheo estaban solucionando el problema, pero la realidad es que era y sigue siendo un peligro transitar por esa ruta. Nosotros nos preocupamos por los rionegrinos y rionegrinas, y por eso fuimos a la Justicia. No queremos más excusas ni falsas promesas, queremos que hagan lo que tienen que hacer. Queremos rutas seguras para nuestra gente”.

La Ruta 40 es una vía estratégica para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico de la región. Su deterioro prolongado ponía en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan diariamente, según advirtieron autoridades provinciales.

La demanda fue presentada en marzo de 2022 por la Fiscalía de Estado ante el Juzgado Federal de Bariloche, en el marco de una acción de amparo. En ella se reclamó que el Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, cumpliera con sus obligaciones legales y constitucionales respecto al mantenimiento y seguridad de las rutas bajo su jurisdicción.

En primera instancia, el Juzgado Federal hizo lugar al amparo y ordenó la ejecución inmediata de obras de bacheo, señalización y mantenimiento básico. La sentencia fue apelada por la Nación, pero la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca ratificó en todos sus términos la resolución, destacando la urgencia, razonabilidad y procedencia de la vía judicial elegida, y reconociendo la legitimación activa de la Provincia de Río Negro para accionar en defensa de derechos fundamentales como la vida, la salud y la seguridad vial.

Desde la Fiscalía de Estado se valoró que el pronunciamiento judicial evidenció la inacción del organismo nacional durante años, y que el interés público provincial puede y debe ser resguardado incluso frente a incumplimientos del propio Estado Nacional. “Cuando se trata de proteger la vida y la seguridad de miles de rionegrinos, la Provincia tiene no solo el derecho, sino el deber de actuar”, señalaron desde el organismo.

Este fallo constituye un precedente relevante para toda la región y reafirma el rol de la Fiscalía de Estado como garante de los derechos colectivos y del patrimonio público.