El legislador provincial Javier Acevedo, presidente del bloque CC ARI-Cambiemos, presentó un proyecto de ley que propone otorgar un descuento del 100% en el valor del boleto del transporte público urbano e interurbano para el personal de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario provincial, cuando se encuentren cumpliendo funciones laborales.

Según los fundamentos de la iniciativa, una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de ambas fuerzas utilizan diariamente los medios de transporte público, en muchos casos más de una vez por jornada, para asistir a guardias, recargos de servicio, operativos especiales, custodias, acompañamientos o convocatorias de emergencia. La propuesta busca reconocer esas tareas y aliviar el impacto económico que implican los traslados cotidianos.

Acevedo explicó que numerosos agentes deben viajar constantemente porque su lugar de residencia no coincide con su destino laboral. Esta situación, señaló, los obliga a afrontar de manera personal los costos de los pasajes necesarios para cumplir con sus funciones, lo que afecta su economía doméstica.

El proyecto menciona además un estudio del Gobierno de Río Negro, difundido en abril de 2025, que indica que el subsidio estatal actual reduce hasta un 70% el valor de los pasajes y constituye una herramienta clave para sostener tarifas accesibles. Sin embargo, a pesar de ese aporte, los recientes incrementos en el transporte interurbano siguen impactando en quienes deben movilizarse diariamente por razones de servicio.

La medida alcanzaría tanto a agentes que viajen con uniforme oficial como a aquellos que, por cuestiones operativas, lo hagan de civil, como personal de brigadas especiales, administrativos o trabajadores con adecuación de tareas. En estos casos, la autoridad correspondiente deberá acreditar la condición del beneficiario mediante convenios con las empresas prestatarias.

La propuesta faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro a firmar acuerdos con las compañías de transporte urbano e interurbano para garantizar la implementación del beneficio. Según Acevedo, la iniciativa busca “asegurar condiciones económicas razonables para el cumplimiento del deber” y contribuir al fortalecimiento del sistema de seguridad pública en la provincia.