Un proyecto de ordenanza presentado por el presidente del Concejo Deliberante de Viedma, Pedro Bichara, propone habilitar un mecanismo excepcional para que vecinos y vecinas del barrio Carlos Larreguy puedan avanzar con la escrituración de sus terrenos, condición necesaria para acceder a créditos hipotecarios u otro tipo de operatorias financieras orientadas a la vivienda.

La iniciativa se construyó sobre la base de diversas reuniones mantenidas con familias del sector que plantearon la necesidad urgente de regularizar su situación dominial. La propuesta establece un marco excepcional de adjudicación en venta, sujeto a que el o la interesada presente constancia emitida por una entidad financiera que certifique preclasificación o avance en un trámite de crédito.

Desde el entorno del titular del Parlamento comunal se confirmó que el proyecto surge como una herramienta concreta frente a las dificultades que enfrentan las familias para acceder al derecho a la vivienda en el actual contexto económico, signado por el freno en las políticas de hábitat del gobierno nacional. La propuesta fue ingresada en el orden del día del Concejo Deliberante y será analizada por las comisiones correspondientes antes de ser tratada en el recinto.

En cuanto al marco territorial, cabe recordar que el barrio Carlos Larreguy cuenta con infraestructura básica ejecutada por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), que concretó obras de red de agua potable y tendido eléctrico por un monto que, actualizado, supera los 800 millones de pesos. A ello se suma la intervención del municipio capitalino, que destinó más de 100 millones de pesos en trabajos de enripiado, apertura de calles y construcción de cordón cuneta.

El proyecto destaca que la obtención del título de propiedad no solo permite el acceso al crédito, sino que también fortalece el arraigo, mejora la calidad de vida, promueve el sentido de pertenencia en el entorno barrial e integra formalmente el inmueble al patrimonio del titular.

Desde la Presidencia del Concejo se remarcó que la ordenanza se plantea como una política pública de excepción, acotada exclusivamente a quienes puedan acreditar avances en procesos de financiamiento, lo que funcionaría como una garantía de control y trazabilidad del procedimiento. “Es una continuidad de un compromiso institucional con el acceso justo a la tierra y la vivienda”, explicaron fuentes cercanas al edil.

Por lo pronto, el proyecto comenzó a generar expectativa entre los habitantes del sector, quienes esperan que esta medida pueda abrir una nueva etapa en la consolidación de su situación habitacional, tras años de incertidumbre dominial. La propuesta también pone nuevamente en debate el rol del Estado local frente al retiro del financiamiento nacional para el desarrollo de suelo urbano.

Se prevé que la iniciativa sea puesta a consideración en las próximas semanas, en el marco de un escenario político donde se espera el acompañamiento mayoritario de las fuerzas con representación legislativa, dado el carácter social y territorial del planteo.