El fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, detalló el alcance de las primeras acciones judiciales iniciadas para recuperar deudas de obras sociales por prestaciones brindadas por el sistema público de salud. Explicó que se trata de los primeros juicios ejecutivos habilitados por la ley sancionada el año pasado y recientemente reglamentada, que permiten consolidar créditos y reclamarlos por vía de ejecución fiscal.

El funcionario señaló que, tras las certificaciones emitidas por el Ministerio de Salud entre fines de agosto y principios de septiembre, la Provincia pudo “comenzar a consolidar deuda y derivar en una ejecución fiscal”. Aclaró que este tipo de procedimiento “es un juicio ejecutivo, un proceso sumario, muy corto, donde se obtiene una sentencia monitoria, generalmente con alguna medida cautelar para garantizar el pago”.

Según informó, el Estado tiene actualmente “un poco más de mil millones de pesos como crédito a favor para salir a recuperar”, aunque el monto total adeudado es mayor y combina prestaciones anteriores y posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley. Pérez Estevan destacó que el Ministerio está realizando “un gran trabajo interno para armar expedientes que acrediten y certifiquen todos esos gastos de la salud pública”.
Los datos completos pueden consultarse en el siguiente enlace oficial:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l_pitM2NAVhQjKcUwTGlPJufaPYL6lbEc2jg2auKux8/edit?gid=0#gid=0

Entre las obras sociales con mayores montos adeudados figuran OSECAC ($219.993.122,65), OSPRERA ($187.866.881,48), OSPECON ($133.616.193,95) y OSUTHGRA ($64.795.699,94). El fiscal explicó que, en muchos casos, los expedientes comprenden múltiples pacientes y períodos: “Estas obras sociales muchas veces requieren a más de una persona y a más de un período de tiempo, por eso los montos son elevados”.

Pérez Estevan señaló que el Ministerio consolida deuda tanto a través de expedientes individuales como colectivos. “El Ministerio certifica toda esa deuda e inicia un solo proceso”, dijo. También mencionó que se consolidan deudas generadas en siniestros viales cuando la salud pública atiende emergencias de personas con cobertura: “Ahí también se recupera. Antes esto lo hacía la Superintendencia de Servicios de Salud, pero al dejar de cumplir ese rol, fue necesario dictar esta norma”.

Al ser consultado por la respuesta de las obras sociales antes de llegar a Tribunales, fue contundente: “Para que hoy podamos estar iniciando un juicio ejecutivo es porque todo aquello no funcionó”. Explicó que previamente se realizan intimaciones administrativas, cartas documento y requerimientos formales. “Si hubiesen aceptado la deuda administrativamente, no estaríamos en esta instancia”.

Sobre los plazos para que la Provincia comience a percibir los primeros recuperos, estimó que el resultado será rápido cuando se trate de entidades solventes. “Si el deudor es solvente, es casi inmediato: con la medida cautelar podemos embargar cuentas de los demandados”, afirmó. No obstante, aclaró que por ahora se iniciaron “dos o tres juicios pudiendo haber hecho bastantes más”, mientras se terminan de consolidar las deudas y se observan las defensas que plantearán las obras sociales.

Todos los procesos se tramitan ante los Tribunales de la primera circunscripción. “El gran trabajo está hoy dentro del Ministerio de Salud: ordenar las prestaciones, armar expedientes y consolidar deuda. Una vez en sede judicial, el proceso es rápido y la documentación no se discute”, concluyó.