El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General remitieron a los demás Poderes del Estado su proyecto de Presupuesto General 2026, que asciende a $270.900 millones e incorpora un plan de infraestructura judicial, junto con inversiones en digitalización e inteligencia artificial. La presentación, formalizada mediante acordada, reúne requerimientos de todas las áreas y sostiene criterios de “prudencia y moderación”, según expresó el propio Poder Judicial.

La iniciativa contempla gastos de personal, funcionamiento y recursos propios, y vuelve a estructurarse en cuatro programas: Jurisdiccional, Ministerios Públicos, Consejo de la Magistratura y Organismos Auxiliares. En el detalle, el Programa Jurisdiccional absorbe $121.718 millones; el Ministerio Público, $90.698 millones; el Consejo de la Magistratura, $884 millones; y los Organismos Auxiliares, $57.600 millones. También se incluye financiamiento para la Oficina de Derechos Humanos y Género y para la Escuela de Capacitación Judicial.

Uno de los ejes centrales del proyecto corresponde a las inversiones en infraestructura y tecnología. Se prevé destinar $1.500 millones a procesos de digitalización, reforzar los sistemas Puma y Janus, y avanzar con la digitalización integral de los Archivos Judiciales. La planificación edilicia incorpora obras en toda la provincia, entre ellas la continuidad de la Ciudad Judicial de Cipolletti, el Complejo Judicial de El Bolsón y el futuro edificio de San Antonio Oeste. Se suman refacciones en Juzgados de Paz, la modernización de la morgue judicial, la puesta en valor del edificio central de Viedma y el inicio del complejo de Choele Choel.

Sin embargo, el debate público se concentra en la magnitud del incremento proyectado. El STJ fundamenta un aumento del 28% respecto de su propio presupuesto 2025, tomando como referencia el proyecto remitido el año pasado. Pero ese cálculo no contempla que la Legislatura aprobó un monto menor: $162.481 millones, tras un recorte del 23% aplicado por el Ejecutivo en línea con el tope del 10% ordenado a las carteras. Si la comparación se realiza sobre el presupuesto efectivamente vigente, el incremento real asciende al 66,6%.

La controversia se profundiza al cotejar el total solicitado para 2026 —$270.900 millones— con las erogaciones proyectadas para el cierre de 2025, estimadas en $180.000 millones. La diferencia ronda los $90.000 millones, equivalente a un alza del 50%, cifra señalada por análisis externos y que supera ampliamente los límites fijados por Hacienda para el resto de la administración provincial.

El documento del Poder Judicial sostiene que los montos proyectados se encuentran por debajo de la inflación interanual, que en septiembre se ubicó en 31,8%. No obstante, la mayor parte del presupuesto se concentra en Personal: la partida asciende a $232.389 millones, el 86% del total. Según las proyecciones oficiales, el gasto salarial de 2025 alcanzará los $171.000 millones, de modo que el incremento previsto para 2026 en este rubro supera el 36%.

La propuesta presupuestaria será incorporada por el Ejecutivo al expediente general que ingresará a la Legislatura para su tratamiento en diciembre, instancia en la que se espera un análisis exhaustivo ante las diferencias metodológicas planteadas y el impacto que tendría el esquema de recursos en el funcionamiento del Poder Judicial durante el próximo año.