Un operativo municipal de tránsito realizado este martes en la zona del puente Ferrocarretero, en Viedma, derivó en una serie de discusiones y reclamos por parte de automovilistas y motociclistas que denunciaron falta de criterio, escasa empatía y un marcado sesgo recaudatorio por parte de algunos inspectores.
La situación más llamativa fue la de una automovilista que, pese a tener seguro y RTO al día, estuvo a punto de sufrir el secuestro de su vehículo porque la aplicación y la web de su aseguradora estaban caídas, lo que le impedía mostrar la póliza digital. La vecina explicó que adhiere a políticas de despapelización y que por ese motivo no lleva la póliza impresa. Sin embargo, los inspectores insistieron durante más de 40 minutos en que firmara la infracción, lo que implicaba no sólo la multa sino también dejar el auto retenido, con el costo de la guarda en el corralón municipal.
Mientras tanto, la automovilista ofreció comprobantes, explicó la caída del sistema y pidió alternativas, pero —según relató— los agentes mantuvieron una postura inflexible. “Parecía importar más la multa que resolver el problema”, afirmó.
Finalmente, un inspector con mayor predisposición intervino y sugirió revisar la documentación desde la app Mi Argentina, donde la póliza figuraba disponible. En pocos minutos la situación quedó aclarada y la conductora pudo continuar su camino.
“Si no me ponía firme, terminaba sin auto. Es mi única movilidad y vivo en un barrio periférico”, explicó.
Una retención polémica: el caso de un joven motociclista
Al avanzar hacia el segundo control ubicado a la salida del puente, ingresando a Viedma, la misma conductora observó otra discusión entre inspectores y un motociclista de 19 años. El joven tenía todos los papeles, la moto en regla y casco, pero había firmado una infracción convencido de que se trataba sólo de una multa. Minutos después se enteró de que la medida incluía el secuestro del vehículo, ya que su licencia lo habilitaba para conducir motos de hasta 100 cc, mientras que la moto que estaba utilizando ese día —propiedad de su madre— era de 125 cc. Según explicó su familia, la moto del joven se había roto y sólo la tomó por ese día para poder asistir al colegio industrial, ubicado lejos de su domicilio.
La dueña de la moto sí contaba con la habilitación correspondiente. El padre del joven se acercó al operativo para explicarlo, pero el inspector sostuvo la decisión de retener la moto. La discusión escaló y terminó involucrando a más inspectores y a la Policía de Río Negro.
En este caso, fueron los efectivos policiales quienes intervinieron para calmar la situación y buscar una alternativa, rol que —según los vecinos presentes— debería haber cumplido la propia Dirección de Tránsito desde el inicio.
Un inspector que comenzó a filmar y pedir datos personales
Un hecho que también generó malestar fue la actitud del inspector que llevaba adelante la infracción al motociclista. Según relataron los vecinos presentes, el agente comenzó a filmar a todas las personas alrededor, incluso a quienes simplemente observaban o hablaban entre sí fuera del área del operativo.
El inspector exigía que quienes aparecían en la grabación se identificaran con nombre completo, preguntaba “en dónde trabajaban” y afirmaba en voz alta —mientras filmaba— que estaban “entorpeciendo” el procedimiento.
Incluso un vecino que conversaba con otro, parado frente al garaje de su propia casa, fue filmado y obligado a decir su nombre porque, según el inspector, “hacía comentarios negativos”, como si opinar públicamente sobre un operativo municipal fuera una falta.
Los presentes consideraron esta conducta intimidatoria, innecesaria y fuera de protocolo, y remarcaron que incrementó la tensión en un contexto ya sensible.
Recaudación vs. prevención: el reclamo que crece
Las dos situaciones expusieron un punto común: para los vecinos presentes, el operativo mostró más interés en generar infracciones que en orientar, prevenir o resolver situaciones concretas.
Automovilistas y motociclistas coincidieron en señalar:
Falta de criterio ante casos en los que la documentación existe, pero la acreditación falla por razones externas (como la caída de un sistema).
Decisiones desproporcionadas, como el secuestro del vehículo, aun cuando existe posibilidad de acreditar luego la documentación.
Escasa empatía en un contexto económico donde el costo de una guarda municipal puede representar varios días de salario.
Contradicciones evidentes entre los discursos oficiales de despapelización y la exigencia rígida de presentar documentación impresa.
Un enfoque punitivo, cuando el tránsito debería apostar a la educación, prevención y acompañamiento para que la ciudadanía circule en regla.
Varios testimonios señalaron que la actitud de algunos inspectores contrastó fuertemente con la intervención policial, que priorizó el diálogo y la búsqueda de soluciones.
Un llamado a revisar los procedimientos
En un contexto social y económico complejo, vecinos y vecinas reclaman que los controles municipales recuperen su orientación original: prevenir sin castigar de forma desmedida y garantizar la seguridad vial sin convertir cada operativo en una instancia recaudatoria.
Situaciones como las ocurridas este lunes evidencian la necesidad de revisar protocolos, capacitar al personal y aplicar un criterio razonable y humano en la vía pública.
Especialmente cuando —como remarcan varios automovilistas— muchos controles terminan generando más tensión que seguridad, y dejan la sensación de que las herramientas tecnológicas que promueven las autoridades conviven con exigencias administrativas propias de otra época.
4 diciembre 2025
Viedma