Los bloques Fuerza Patria, Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro presentaron un proyecto de declaración en el que expresaron su repudio a los hechos de violencia institucional, política y de género denunciados por la concejala de Villa Regina, Nancy Nadia Pamela Illundayn. En el documento manifestaron solidaridad con la edil y solicitaron la intervención de los organismos competentes para garantizar medidas de reparación y evitar la reiteración de situaciones similares.

Según consta en el expediente judicial, la denuncia fue caratulada como “Illundayn, Nancy Nadia Pamela c/ Garré, Maximiliano s/ Violencia de Género – Juzgado de Familia N°19 – Villa Regina – diciembre 2025”. En ese marco, se dispusieron medidas de restricción y protección hacia la concejala, que alcanzan al presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré. Entre las medidas se estableció la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia y de mantener contactos con la edil por cualquier vía, así como la obligatoriedad de realizar un curso de masculinidades que deberá ser acreditado ante la autoridad judicial.

Las bancadas firmantes señalaron que el caso no puede considerarse un hecho aislado. Recordaron que, en 2024, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció al mismo funcionario por hechos de violencia física, psicológica, simbólica y laboral contra una dirigente sindical. En ese sentido, destacaron la importancia de abordar de manera integral las situaciones que involucren posibles episodios de violencia en ámbitos institucionales.

Las y los legisladores plantearon que este tipo de hechos inciden en el funcionamiento democrático y afectan el derecho de las mujeres a participar en la vida pública sin sufrir situaciones de hostigamiento. Resaltaron además la necesidad de que los organismos institucionales actúen en forma coordinada para asegurar condiciones de trabajo seguras y libres de violencia en todos los niveles del Estado.

El proyecto de declaración promovido por Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro reafirma la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas en el sostenimiento de entornos laborales respetuosos y sin prácticas que puedan constituir intimidación o estigmatización. El texto subraya que la violencia política y de género vulnera garantías constitucionales y debilita la convivencia democrática.

Finalmente, los bloques firmantes expresaron acompañamiento a la concejala Illundayn e insistieron en la necesidad de que los mecanismos institucionales continúen avanzando en la investigación y el seguimiento del caso, con el fin de asegurar medidas de protección efectivas y evitar nuevos episodios de violencia en el ámbito público.