Distintos Centros de Jubilados y Pensionados de Río Negro, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), presentaron una demanda judicial contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) por el incumplimiento en la entrega de medicamentos, a pesar de la existencia de sentencias firmes que ordenan restituir la cobertura del 100 % de los medicamentos ambulatorios para personas afiliadas.

La acción judicial se basa en resoluciones de la Justicia Federal que obligan al Estado Nacional, a través del PAMI, a garantizar el acceso pleno y gratuito a la medicación para personas mayores. Según lo expuesto en la presentación, estas resoluciones no estarían siendo cumplidas, lo que afecta de manera directa a jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados de la provincia.

La demanda cuenta con el acompañamiento de la legisladora provincial Magdalena Odarda, el respaldo del bloque legislativo Vamos con Todos, presidido por José Luis Berros, y el patrocinio legal de los abogados Manuel Castañeda y Ernesto Montecino Odarda. Si bien la iniciativa se impulsa desde Río Negro, el planteo judicial solicita que el cumplimiento de la sentencia se garantice a nivel nacional, tal como lo dispuso la Justicia.

De acuerdo con lo manifestado en el escrito, la falta de provisión de medicamentos mantiene a miles de personas mayores en una situación de vulneración de derechos, especialmente a quienes requieren tratamientos continuos. En ese sentido, se remarcó que la Justicia Federal ya advirtió que la interrupción o demora en la entrega de medicación puede generar consecuencias graves e irreversibles en la salud de este sector.

La presentación fue impulsada por un amplio conjunto de organizaciones sociales y de personas mayores de la provincia, entre ellas la Coordinadora de Jubilados, Retirados y Pensionados de Río Negro (CORJUB), la APDH, centros de jubilados de General Roca, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Barda del Medio y San Carlos de Bariloche, además de asociaciones vinculadas a la salud y agrupaciones de personas mayores de distintas localidades rionegrinas.

Desde el espacio impulsor de la demanda se señaló que el reclamo no se limita a una situación administrativa, sino que apunta a la ejecución de una sentencia judicial vigente. En ese marco, se planteó que las exigencias burocráticas vinculadas al acceso a la medicación afectan el ejercicio efectivo de un derecho reconocido judicialmente.

Finalmente, se indicó que la acción judicial busca poner fin a la conducta omisiva atribuida al PAMI y garantizar de manera inmediata el acceso pleno y gratuito a los medicamentos para jubiladas, jubilados y pensionadas de Río Negro, así como para el conjunto de personas afiliadas al organismo en todo el país.