La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció una serie de situaciones de violencia laboral, abuso de autoridad y hostigamiento institucional que afectan a trabajadoras sociales del Hospital Área Programa de Choele Choel, y reclamó la intervención de distintos organismos provinciales para garantizar condiciones laborales adecuadas y el resguardo de derechos.

Las denuncias involucran episodios de violencia psicológica y emocional, persecución administrativa, hostigamiento sistemático y coacción, que habrían sido ejercidos desde la dirección del hospital, el área de Recursos Humanos y distintas jefaturas de la institución.

Desde ATE indicaron que acompañaron a las trabajadoras del Servicio de Trabajo Social en la denuncia, al considerar que las situaciones planteadas se sostienen en el tiempo sin respuestas institucionales. En ese marco, la secretaria general de la seccional Valle Medio del sindicato, Mariela Rodríguez, expresó la preocupación por la falta de intervención de las autoridades competentes y reclamó medidas urgentes para frenar los hechos denunciados.

De acuerdo con lo planteado por las trabajadoras, pese a los reiterados intentos de canalizar los conflictos por vías internas, no se adoptaron acciones concretas para detener la estigmatización, la sobrecarga laboral ni los cuestionamientos permanentes que reciben en el desempeño de sus funciones. Tampoco, señalaron, se implementaron mecanismos de protección frente a las situaciones denunciadas.

En la presentación se sostiene que el clima de hostilidad dentro del hospital se ve agravado por la inacción de las autoridades, que no habrían impulsado investigaciones ni medidas correctivas. Esa falta de respuestas, indicaron, derivó en que la totalidad de la carga operativa y la responsabilidad funcional del servicio recaiga exclusivamente sobre las trabajadoras sociales, quienes continúan garantizando la atención y el acceso de la comunidad a las prestaciones.

Frente a este escenario, ATE solicitó formalmente al Ministerio de Salud la intervención inmediata en el hospital, la adopción de medidas preventivas y de protección laboral, y la apertura de investigaciones administrativas. También reclamó el cese de los actos de hostigamiento, la aplicación de instancias de capacitación en el marco de la Ley Micaela para funcionarios involucrados y el resguardo de los derechos laborales de las denunciantes.

El pedido incluye además la participación del Ministerio de Trabajo, la Junta de Disciplina y la Secretaría de Género, con el objetivo de que se evalúen las responsabilidades institucionales y se garantice un ambiente laboral libre de violencias en el ámbito del sistema público de salud.