El reciente anuncio del Gobierno de Río Negro sobre la incorporación de medios aéreos para el combate de incendios volvió a abrir el debate sobre la gestión de los recursos públicos destinados a emergencias. Desde el bloque Vamos con Todos se plantearon cuestionamientos sobre el alcance real de la medida y el impacto económico que implica para el Estado.

Las observaciones fueron formuladas por el legislador provincial Luciano Delgado Sempé, quien señaló que la provincia no adquirió un helicóptero propio, sino que recurrió al alquiler de una aeronave por un período limitado. Según indicó, el contrato implicó un desembolso cercano a los 7 millones de dólares por tres meses de uso de un helicóptero hidrante, lo que, de acuerdo a su planteo, equivale a un monto con el que se podrían haber incorporado aeronaves de manera permanente.

En ese marco, el legislador sostuvo que la operatoria no dejó activos para la provincia una vez finalizado el contrato y puso el foco en la diferencia entre inversión y gasto operativo. También remarcó que la falta de equipamiento propio obliga a recurrir reiteradamente a alquileres ante cada temporada de incendios o emergencias.

Delgado Sempé vinculó esta situación con decisiones previas de la administración provincial, entre ellas la venta de aeronaves sanitarias. En particular, recordó la compra de un jet biturbo por 4,2 millones de dólares que luego fue vendido por 2,6 millones, así como la enajenación de un avión Piper Azteca. A su entender, esas aeronaves podrían haber sido reconvertidas o utilizadas como parte de una estrategia integral para el combate de incendios y tareas de rescate.

El legislador afirmó que desde su espacio se habían propuesto alternativas para optimizar el uso de esos bienes, como el intercambio del jet por helicópteros hidrantes o la utilización del avión restante como observador aéreo del fuego, iniciativas que, según indicó, no fueron consideradas por el Ejecutivo.

Otro de los puntos señalados fue el rol de los organismos de control. Delgado Sempé cuestionó la falta de pronunciamientos públicos por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas frente a decisiones que implican erogaciones significativas de fondos públicos, y planteó la necesidad de mayor información y seguimiento institucional.

Finalmente, el legislador reclamó una revisión del rumbo en materia de gestión de recursos estratégicos para emergencias, incendios y rescates, y sostuvo que la provincia requiere planificación de largo plazo y criterios de eficiencia y transparencia en la administración del patrimonio público.