El legislador provincial Luciano Delgado Sempé solicitó formalmente al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) la suspensión de la Audiencia Pública convocada para el 27 de febrero, vinculada al esquema tarifario de la distribuidora Edersa. El pedido apunta a reprogramar el proceso para permitir un mayor análisis y participación de los sectores involucrados.

El planteo del legislador se fundamenta en los plazos establecidos para el tratamiento de los índices y parámetros que definirán la evolución de las tarifas eléctricas durante los próximos cinco años. En ese marco, Delgado Sempé advirtió que la convocatoria se realizó con escaso margen de tiempo.

De acuerdo a lo expresado por el legislador, la audiencia fue anunciada el 26 de enero, lo que, a su criterio, limita la posibilidad de que usuarios y usuarias, instituciones, cámaras empresarias y sectores productivos puedan acceder a la información técnica y analizar la propuesta tarifaria presentada por la empresa distribuidora.

En el escrito elevado al EPRE, Delgado Sempé también hizo referencia a una resolución reciente del organismo vinculada a un pedido de aumento tarifario previo de Edersa. Según señaló, dicha resolución debió haberse emitido en abril de 2025 y fue publicada meses después, lo que, a su entender, genera confusión respecto de los incrementos que podrían aplicarse durante 2026, los cuales quedarían sujetos a lo que se defina en la audiencia de febrero.

El legislador cuestionó además el esquema institucional del Defensor del Usuario del servicio eléctrico, al señalar que actualmente depende del propio ente regulador. En ese sentido, planteó la necesidad de que esa figura cuente con independencia funcional para representar los intereses de las personas usuarias durante los procesos de revisión tarifaria.

Otro de los puntos mencionados en la presentación es el momento elegido para la convocatoria. Delgado Sempé indicó que la audiencia coincide con el desarrollo de la temporada frutícola, lo que dificulta la participación de productores, trabajadoras y trabajadores del sector, que se verían alcanzados por las decisiones tarifarias.

Finalmente, el legislador solicitó que la Audiencia Pública sea suspendida y reprogramada con un plazo no menor a 90 días, con el objetivo de garantizar el acceso a la información, el análisis de los cuadros tarifarios y la participación efectiva de los distintos sectores involucrados en el servicio eléctrico de la provincia.