A una semana del tratamiento en sesión extraordinaria del proyecto de ley 76/2026, que ratifica el Acuerdo Estratégico para el desarrollo del proyecto Argentina LNG en Río Negro, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Carmen de Patagones expresó su preocupación por aspectos que, según señalaron, no fueron informados en detalle antes del debate parlamentario.

La organización planteó interrogantes vinculados a riesgos ambientales, sociales, territoriales y de seguridad asociados a la instalación del complejo de Gas Natural Licuado (GNL). Entre los puntos mencionados, solicitaron precisiones sobre los controles previstos ante la liberación de fluidos criogénicos, tóxicos e inflamables, así como los protocolos de prevención, monitoreo y contingencia y las autoridades responsables de la fiscalización.

También reclamaron información sobre estudios de riesgo tecnológico y análisis de escenarios de accidente mayor. En materia de seguridad, pidieron detalles sobre eventuales zonas de exclusión y áreas de uso restringido, incluyendo mapas que delimiten esos espacios, además de evaluaciones estratégicas respecto del complejo de GNL y de los buques factoría previstos en el esquema operativo.

La Asamblea solicitó que se den a conocer protocolos de seguridad marítima, aérea y terrestre, y el tipo de coordinación prevista con fuerzas federales y organismos internacionales. Asimismo, planteó la necesidad de contar con análisis de impacto territorial derivados de posibles restricciones de acceso o modificaciones en el uso del suelo.

En el plano ambiental, el colectivo vecinal requirió información sobre el cumplimiento de la Ley General del Ambiente y la normativa vinculada a Áreas Naturales Protegidas, incluyendo estudios de impacto acumulativo y sinérgico. También pidió informes sobre la posible afectación a la biodiversidad, el paisaje, los corredores biológicos y las actividades económicas que dependen del entorno natural.

Otro de los puntos señalados refiere al manejo de residuos provenientes de la desalinización de agua de mar. En ese sentido, solicitaron datos sobre los volúmenes previstos de salmuera, su composición química, los métodos de disposición o vertido y las evaluaciones de impacto en ecosistemas marinos y costeros, así como alternativas tecnológicas consideradas.

El documento también hace referencia a la necesidad de garantizar consultas previas, libres e informadas a comunidades originarias, en el marco del Convenio 169 de la OIT y del Acuerdo de Escazú, y a la emisión de dictámenes por parte de organismos provinciales y nacionales competentes.

Además, la Asamblea planteó que el proyecto podría tener impactos socioeconómicos y turísticos en localidades como Las Grutas y San Antonio Oeste, en particular en actividades vinculadas al turismo, la pesca artesanal y el uso recreativo del territorio.

En ese contexto, señalaron que, en un escenario internacional atravesado por conflictos y ataques a infraestructuras energéticas, la instalación de un buque factoría de GNL requiere evaluaciones específicas en materia de seguridad. Indicaron que, según su postura, deberían contemplarse recomendaciones de normas internacionales como las establecidas por la Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO).

Por último, informaron que estas inquietudes fueron compartidas con el obispo Esteban Laxague, quien —según detallaron— envió el 9 de febrero un pedido de informes al gobernador provincial, del cual aún aguarda respuesta. La Asamblea adelantó que continuará solicitando información pública vinculada al proyecto antes de su tratamiento legislativo definitivo.