Vocales de distintos Tribunales de Cuentas de Río Negro hicieron público un pronunciamiento en el que manifiestan “profunda preocupación” por prácticas que, según señalaron, afectan el normal ejercicio de la función de control en sus municipios. La denuncia incluye falta de respuesta a pedidos de informes, desestimación de observaciones técnicas y ausencia de convocatorias a sesiones, situaciones que —afirman— impactan en la transparencia institucional. El Partido Justicialista provincial expresó su acompañamiento a las funcionarias.

El documento lleva la firma de Iara Zapata Nail, vocal del Tribunal de Cuentas de Villa Regina; Giselle Rosas, primera vocal del Tribunal de Cuentas de Viedma; y Brenda Miglierini, vocal del Tribunal de Cuentas de Sierra Colorada. Allí advierten que las prácticas denunciadas no solo vulneran su rol institucional, sino que también debilitan los mecanismos de control y la calidad democrática.

Uno de los casos señalados es el de Zapata Nail, quien denunció al presidente del organismo de Villa Regina, Roberto Berola, por hechos de violencia psicológica, institucional y laboral en el marco del ejercicio de sus funciones. Según expuso, las situaciones descriptas reflejan las dificultades que enfrentan mujeres que ocupan cargos en órganos de control cuando ejercen su tarea con independencia y rigor técnico.

En Viedma, Rosas informó que elevó formalmente al Ejecutivo municipal distintos pedidos de informes vinculados a gastos de combustible, contrataciones y procesos licitatorios. De acuerdo con lo detallado, desde el inicio del mandato no obtuvo respuestas formales a esos requerimientos, lo que —sostiene— afecta el normal desarrollo de la función de control y el acceso a información pública relevante.

Por su parte, Miglierini indicó que el Tribunal de Cuentas de Sierra Colorada no sesiona desde agosto de 2025 y que no fue convocada a nuevas reuniones. También señaló que el balance anual 2024 habría quedado sin tratamiento ante observaciones técnicas formuladas, mientras que el ejercicio 2025 aún no fue presentado.

Las vocales sostienen que cuando estas situaciones se agravan por el hecho de ser mujeres, se configura un supuesto de violencia política de género, en los términos de la Ley 27.533, en el marco de la Ley 26.485. En ese sentido, realizaron un llamado institucional a respetar el rol de quienes integran órganos de control, garantizar el acceso a la información pública y erradicar cualquier forma de violencia política o institucional.

En respaldo a lo expuesto, el Partido Justicialista de Río Negro difundió un comunicado en el que acompaña las denuncias y manifiesta preocupación por las situaciones descriptas en municipios gobernados por Juntos Somos Río Negro. Desde el PJ señalaron que la falta de respuesta a pedidos de informes, la ausencia de tratamiento de balances y la desestimación de observaciones técnicas constituyen un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El pronunciamiento partidario también hace referencia al caso de Villa Regina y a las situaciones planteadas en Viedma y Sierra Colorada, y sostiene que el control institucional es una herramienta esencial para el uso responsable de los recursos públicos. Además, subraya que la violencia política de género no debe ser relativizada y exige la normalización del funcionamiento de los órganos de control.

Las vocales firmantes remarcaron que su trabajo apunta a fortalecer la legalidad y la transparencia en la gestión municipal. “El control no es persecución ni obstáculo a la gestión”, expresaron en el documento conjunto, al tiempo que reclamaron condiciones institucionales que permitan ejercer esa función con independencia y acceso pleno a la información.