El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) declaró la emergencia presupuestaria y salarial de la institución y reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, al considerar que el escenario actual compromete el sostenimiento del sistema universitario público.
La decisión fue adoptada por unanimidad en la primera sesión ordinaria del año del órgano de gobierno universitario. En la declaración, a la que accedió Diario La Palabra, se señala que la situación que atraviesan las universidades nacionales, y en particular la UNRN, afecta el normal desarrollo de las funciones de enseñanza, investigación, extensión y vinculación con la comunidad.
Desde el Consejo Superior advirtieron que el contexto presupuestario y salarial impacta de manera directa en el poder adquisitivo de docentes y nodocentes, y en el funcionamiento cotidiano de la universidad. También expresaron preocupación por las políticas de bienestar estudiantil, especialmente por el sistema de becas, cuya falta de actualización en un escenario inflacionario —según indicaron— repercute en la permanencia de estudiantes y profundiza desigualdades en el acceso a la educación superior, afectando particularmente a sectores con menores recursos.
En el documento se remarca que este escenario no es coyuntural, sino que responde a un proceso de deterioro que, según el cuerpo, se viene advirtiendo desde hace tiempo. En ese marco, se menciona la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del personal universitario y la reducción real de recursos destinados al funcionamiento institucional, la investigación científica y las políticas de inclusión.
El Consejo recordó que la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso de la Nación con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de sostenibilidad del sistema, estableciendo obligaciones en materia de recomposición salarial y actualización presupuestaria. Sin embargo, señalaron que el incumplimiento de esa norma y de fallos judiciales vinculados agrava la incertidumbre y repercute tanto en las condiciones laborales como en las trayectorias académicas de miles de estudiantes.
En relación con la situación específica de la UNRN, detallaron que para el ejercicio 2026 la casa de estudios solicitó un presupuesto total de $80.267.165.162,97, mientras que el crédito otorgado en la Ley de Presupuesto asciende a $36.153.032.028, es decir, alrededor del 45,04% de lo requerido. La diferencia, de $44.114.133.134,97, configura —según el Consejo— una brecha de financiamiento significativa. A esto se suma que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 la inflación acumulada (IPC nivel general) alcanzó el 259,3%, lo que incrementó los costos operativos.
El órgano de gobierno sostuvo que la combinación de subfinanciamiento, pérdida salarial y aumento sostenido de costos configura una emergencia integral que limita la capacidad de la universidad para sostener sus actividades académicas, científicas y de extensión. En ese sentido, afirmaron que el desfinanciamiento del sistema universitario no es un problema sectorial, sino una definición de política pública con impacto en el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país.
En la declaración también se ratificó la continuidad de la emergencia presupuestaria ya vigente en la UNRN y se expresó respaldo a las acciones administrativas y judiciales iniciadas para garantizar la aplicación de la normativa. Asimismo, el Consejo confirmó la facultad otorgada al rector para impulsar gestiones ante el Consejo Interuniversitario Nacional y ante el conjunto de las universidades nacionales, con el objetivo de asegurar recursos, convocar de manera urgente a paritarias nacionales y sostener las políticas de bienestar estudiantil.
Finalmente, el cuerpo instó al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con la normativa vigente y a garantizar la asignación de fondos acordes a la relevancia estratégica de la educación superior. La UNRN reafirmó su compromiso con la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, como herramienta de desarrollo y movilidad social.
25 febrero 2026
Río Negro