La discusión sobre el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles en las escuelas no es inédita: diversos países ya debatieron o avanzaron en normativas que limitan estos equipos en el entorno educativo y, en Argentina, varias provincias comenzaron a aplicar regulaciones específicas. En Río Negro, un proyecto de ley presentado el año pasado por el legislador Luis Ivancich (bloque PJ–Nuevo Encuentro) busca incorporar esa discusión al ámbito provincial, aunque aún no fue tratado en comisiones y permanece pendiente de debate pese a la actualidad del tema.

Ivancich propone que estudiantes de nivel inicial, primario y secundario no utilicen teléfonos móviles durante la jornada escolar, salvo en contextos pedagógicos específicos o situaciones debidamente justificadas. El proyecto incluye pautas claras para excepciones —como casos de salud o proyectos educativos con consentimiento familiar— y plantea la elaboración participativa de reglamentos institucionales para cada escuela.

Los fundamentos de la iniciativa ponen el foco en los riesgos y desafíos que trae el uso indiscriminado de dispositivos en el aula. Según argumenta el texto, un uso desmedido de pantallas puede influir en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de niñas, niños y adolescentes y generar problemas de atención, alteraciones del sueño y dificultades en el desarrollo de habilidades sociales. El proyecto sostiene, además, que un marco legal ayudaría a promover un uso responsable y seguro de las tecnologías, alineado con lineamientos de organismos como UNICEF.

La propuesta toma relevancia en un contexto global donde múltiples países ya dieron pasos normativos similares. Finlandia avanzó con una regulación que restringe el uso de móviles durante la jornada escolar, permitiendo su utilización únicamente con autorización docente para fines educativos o de salud. Francia mantiene una prohibición general en primaria y secundaria, mientras que en Inglaterra numerosas escuelas aplican restricciones al uso de celulares en clase.

En América Latina, Chile sancionó una normativa que prohibirá los smartphones en niveles primario y secundario a partir de 2026, con excepciones para emergencias o usos pedagógicos específicos. El debate en ese país estuvo atravesado por la preocupación por las distracciones en el aula y por el impacto de los dispositivos en la convivencia escolar.

La evidencia internacional sobre los efectos de estas políticas no es uniforme, pero aporta elementos para el análisis. Un estudio académico realizado en escuelas de Inglaterra detectó que, tras la implementación de prohibiciones al uso de celulares, se observaron mejoras en los resultados de exámenes, especialmente entre estudiantes con menor rendimiento previo. Otros trabajos, sin embargo, advierten que la prohibición por sí sola no garantiza mejoras sostenidas si no se integra a una estrategia más amplia de educación digital y acompañamiento docente.

En Argentina, el debate también avanzó en distintas jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires sancionó en septiembre una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias, normativa que comenzó a aplicarse desde el inicio del ciclo lectivo 2026. En la misma línea, el Ministerio de Educación de La Pampa aprobó la Resolución N° 77/26, que prohíbe y restringe el uso de celulares y otros dispositivos digitales en establecimientos educativos pampeanos, con el objetivo declarado de proteger la salud mental, mejorar los aprendizajes, fortalecer los vínculos y promover la convivencia escolar.

En este escenario, el proyecto de Ivancich no se limita a establecer prohibiciones. También prevé campañas de sensibilización y formación en ciudadanía digital dirigidas a docentes, estudiantes y familias; programas de capacitación docente para integrar la tecnología de manera pedagógica y controlada; y protocolos para la prevención y detección temprana de situaciones de ciberacoso, difusión no consentida de imágenes o discursos de odio que afecten la convivencia escolar.

Asimismo, la iniciativa contempla evaluaciones periódicas sobre su implementación y su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el bienestar de la comunidad educativa, con resultados públicos que permitan realizar ajustes normativos o programáticos si fuera necesario.

Pese a este contexto y a los antecedentes ya vigentes en otras provincias argentinas y en distintos países, la iniciativa rionegrina no avanzó en el ámbito legislativo desde su presentación. Distintas voces del ámbito educativo y social han instalado el debate en la agenda pública, pero el proyecto continúa a la espera de tratamiento en comisiones para su discusión y eventual enriquecimiento con aportes técnicos y pedagógicos.

Ante el contraste entre las regulaciones que ya están en marcha en otras jurisdicciones y la falta de debate parlamentario en Río Negro el legislador Ivancich remarcó, en contacto con  este medio, que su proyecto "pretende ser un puntapié inicial para el abordaje del tema", con la esperanza de "enriquecer y engrosar" la normativa antes de ser aprobada.