La construcción de viviendas en Río Negro se ubica actualmente entre 170 y 200 unidades por año, en un escenario marcado por la ausencia de financiamiento nacional y la reconfiguración de la política habitacional, según se desprende de datos oficiales del organismo provincial.

El diagnóstico fue expuesto por el interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Mariano Lavin, durante una entrevista en el programa Raíz Informativa de FM Raíces, que conduce Pedro Caram, donde explicó que la reducción en los niveles de construcción responde a la falta de programas federales. “Hoy no hay planes federales, no hay financiamiento nacional para viviendas. Eso nos obliga a trabajar exclusivamente con fondos provinciales”, indicó.

En ese contexto, el funcionario recordó que en años anteriores se ejecutaban proyectos de mayor escala, con desarrollos que alcanzaban entre 400 y más de 1.000 viviendas en distintas localidades de la provincia. La comparación permite dimensionar la reducción en la capacidad de respuesta frente a la demanda habitacional.

Actualmente, el IPPV sostiene su actividad a través del programa “Habitar Río Negro” y otras iniciativas complementarias, como el desarrollo de lotes con servicios. Lavin precisó que hay más de 1.800 lotes en ejecución con infraestructura básica, como agua, electricidad y alumbrado público, una alternativa que amplía el acceso al suelo urbano, aunque sin cubrir de manera integral la necesidad de viviendas.

En relación a la situación financiera del organismo, el interventor reconoció niveles de morosidad en el pago de cuotas por parte de adjudicatarios, debido al contexto económico complejo. “Estamos lejos de la morosidad cero, pero venimos trabajando intensamente para mejorar el cumplimiento”, sostuvo, y mencionó la implementación de programas de regularización y acciones territoriales orientadas a fortalecer el vínculo con las familias beneficiarias.

Uno de los datos que destacó es que, desde 2024 hasta la actualidad, se concretaron 5.765 cancelaciones de deuda de viviendas, muchas de ellas de forma anticipada. Esto permitió avanzar en los procesos de escrituración y en la consolidación de la titularidad de las familias. “Es un número muy importante porque implica regularizar situaciones y permitir que las familias accedan a la escritura”, explicó.

En la misma línea, detalló que se entregaron más de 2.500 escrituras en ese período: 976 en 2024, 1.335 en 2025 y 199 en lo que va de 2026. Estos procesos incluyen la resolución de trámites administrativos y legales, como cambios de titularidad, sucesiones o inconvenientes de mensura en barrios con larga data.

Respecto de los planes de pago, Lavin diferenció entre los esquemas anteriores a 2018, con cuotas fijas en pesos, y el sistema vigente, que se ajusta al salario mínimo vital y móvil. En este último caso, la cuota no puede superar el 20% de los ingresos familiares, lo que genera valores variables según la situación económica de cada grupo.

Por último, el titular del IPPV indicó que el organismo mantiene políticas de recupero de viviendas ante incumplimientos o irregularidades, aunque aclaró que se priorizan instancias administrativas previas. “Buscamos que las familias puedan regularizar su situación y sostener la vivienda”, concluyó.