El costo de las multas por exceso de velocidad en Río Negro registró una fuerte baja que puede alcanzar hasta el 71%, a partir de un nuevo esquema que introduce diferencias según el nivel de infracción y deja atrás el sistema de monto único que regía hasta ahora en rutas nacionales y provinciales.

La modificación fue establecida mediante el Decreto 365/26, impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, y redefine el criterio sancionatorio vigente. Hasta el momento, cualquier exceso implicaba una multa fija de 350 Unidades Fijas, equivalente al valor de 350 litros de nafta YPF Infinia, lo que en la práctica rondaba los $700.000.

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Con la nueva normativa, quienes superen hasta un 30% la velocidad máxima permitida deberán abonar 100 Unidades Fijas, es decir, cerca de $200.000, lo que representa una reducción del 71,4%. En tanto, para excesos mayores, la sanción se fija en 200 Unidades Fijas (unos $400.000), con una baja del 42,9% respecto del esquema anterior. De este modo, se incorpora un criterio escalonado que distingue entre infracciones leves y graves.

El sistema de controles viales se mantiene operativo en toda la provincia, con la intervención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que continúa utilizando radares en distintos puntos estratégicos. Todos los dispositivos están debidamente señalizados para permitir que quienes conducen puedan anticipar su presencia.

En cuanto a la distribución de los cinemómetros, sobre la Ruta Nacional 22 hay radares en Villa Regina (80 km/h), Cervantes (110 km/h) y Río Colorado (60 km/h). En la Ruta Nacional 151, los controles se ubican en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal, todos con una velocidad máxima de 60 km/h.

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Por su parte, en la Ruta Nacional 250 se encuentran dispositivos en Lamarque (60 km/h), mientras que en la Ruta Nacional 3 los radares están instalados en Viedma (80km/h) y Sierra Grande (60 km/h). Estos puntos corresponden principalmente a accesos urbanos y sectores con alta circulación vehicular.

El nuevo esquema no modifica la presencia de controles ni la política de fiscalización, sino que apunta a ordenar las sanciones con parámetros más claros. La medida busca sostener la prevención vial con un sistema que contemple distintos niveles de riesgo, manteniendo como eje central la reducción de siniestros en las rutas de la provincia.