La discusión por la reforma de la ley de glaciares, los cuestionamientos sobre permisos mineros y las denuncias por tierras vinculadas a capitales de Emiratos Árabes Unidos y Catar derivó en una defensa cerrada del gobierno provincial sobre el manejo de los recursos naturales. En medio de ese escenario, el gobernador Alberto Weretilneck volvió a marcar distancia de la política nacional y sostuvo: “Nosotros somos rionegrinos”.

La definición apareció al final de una entrevista en la que Weretilneck defendió la modificación de la ley de glaciares porque, según planteó, devuelve a las provincias la potestad sobre sus propios recursos. “Este es un país federal, pero federal de mentira”, afirmó.

Según el mandatario, la Constitución Nacional establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias. “El agua, el gas, el petróleo, los minerales y los glaciares son propiedad de la provincia”, remarcó. En ese sentido, sostuvo que con el paso de los años las provincias fueron cediendo atribuciones a la Nación, entre ellas el manejo de los glaciares y los bosques.

“Lo que hace esta ley es devolverle a las provincias la decisión de qué hacer con los glaciares”, señaló. Para Weretilneck, resulta preferible que las definiciones sobre los glaciares rionegrinos se tomen en la provincia, bajo control de la prensa, de las organizaciones ambientales y de la Justicia, y no desde Buenos Aires.

El gobernador insistió en que eso no implica habilitar actividades extractivas en zonas protegidas. “No se me ocurriría autorizar ningún tipo de minería ni de impacto ambiental en un glaciar”, aseguró. También afirmó que Río Negro ya cuenta con áreas protegidas, como el Parque Nacional Nahuel Huapi, sectores de la costa atlántica y otras reservas ambientales.

Incluso fue más allá y propuso que la Legislatura provincial avance con una norma específica. “Hagamos una ley provincial que proteja los glaciares rionegrinos para que nadie los toque”, planteó.

La misma lógica, sostuvo, debería aplicarse sobre la ley de bosques. “¿Qué sabe Buenos Aires de lo que es un bosque rionegrino o un bosque chubutense?”, cuestionó. Según dijo, la decisión sobre los bosques debería quedar en manos de cada provincia, por el vínculo que tienen con el turismo, los centros de esquí y el desarrollo regional.

A partir de allí, la entrevista derivó en otro de los temas que quedaron bajo discusión en las últimas semanas: las denuncias del peronismo sobre supuestos permisos mineros otorgados a la empresa de Claudio Ciccarelli, vinculado con una persona extraditada por narcotráfico (Federico Machado).

Weretilneck negó que se hayan autorizado esos permisos. Explicó que el trámite mencionado corresponde a una declaración de cantera presentada por un particular, pero que nunca avanzó más allá de la instancia inicial.

“Pidió un yacimiento de arena para Vaca Muerta y no completó los pasos. Por lo tanto, tiene un trámite iniciado, pero que no fue autorizado nunca”, aseguró. El gobernador explicó que, de acuerdo al código minero, cualquier persona puede declarar un yacimiento, pero después debe cumplir con permisos del propietario del campo, estudios ambientales y autorizaciones administrativas.

También rechazó la denuncia sobre una supuesta autorización minera dentro de un área protegida. “Precisamente, el permiso se denegó porque estaba en un área natural protegida”, afirmó.

Otro de los puntos abordados fue la polémica por tierras en zonas de frontera vinculadas a capitales árabes. Weretilneck sostuvo que esas propiedades están registradas a nombre de sociedades argentinas y, por lo tanto, cumplen con la legislación vigente sobre extranjerización de tierras.

“Las tierras están a nombre de sociedades argentinas”, insistió. Como ejemplo, mencionó el caso de Lago Escondido y del empresario Joe Lewis. “Nadie niega que Lago Escondido es de Lewis, pero la sociedad que es propietaria es argentina”, sostuvo.

El gobernador agregó que la situación de los terrenos vinculados a Emiratos Árabes Unidos y Catar también fue controlada por el Estado nacional porque se trata de tierras ubicadas en zonas de frontera.

Para Weretilneck, las denuncias forman parte de una estrategia política de la oposición. “El peronismo kirchnerista de Río Negro, como no encuentra motivos para la crítica del proyecto de provincia que estamos llevando adelante, encuentra este tipo de situaciones”, sostuvo.

Además, afirmó que gran parte de las acusaciones “son mentiras” y que la información pública sobre permisos mineros y tierras está disponible para ser consultada. Según dijo, las operaciones inmobiliarias cuestionadas son anteriores a su gestión y se remontan a gobiernos anteriores.

Pese a eso, reconoció que el gobierno comenzó a preparar respuestas formales a los pedidos de informes impulsados desde la Legislatura. “Hay una parte del gobierno que, en vez de estar resolviendo los problemas de los rionegrinos, tiene que estar dedicándose a contestar pedidos de informes de la oposición”, dijo.

Sobre el final, el gobernador volvió a diferenciarse tanto del oficialismo nacional como de la oposición. “Ni kirchnerista, ni peronista, ni libertario, ni del PRO”, enumeró. Y cerró con una definición que, según dijo, resume la lógica con la que pretende pararse frente al escenario político: “Los partidos nacionales tienen intereses nacionales. Nosotros tenemos intereses provinciales”.