Una vivienda ubicada en la zona de IDEVI volvió a manos del Estado provincial tras un proceso judicial y será destinada a reforzar la seguridad rural en un sector considerado estratégico. El inmueble, que permanecía con ocupación irregular desde hace años, quedó bajo custodia de la Brigada Rural y será cedido a la Policía.

La restitución se concretó el martes 14 de abril a partir de actuaciones impulsadas por la Fiscalía de Estado, en el marco de una causa iniciada por el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior. El procedimiento contó con el acompañamiento de la Policía de Río Negro, y fue el titular de IDEVI, Gastón Gutiérrez, quien tomó posesión del lugar y dispuso medidas para su resguardo.

Según se informó, la vivienda había sido entregada en comodato en 2013, pero con el paso del tiempo se registraron incumplimientos en las condiciones de uso, además de construcciones no autorizadas y una cesión irregular de la posesión. A partir de 2017 comenzaron las intimaciones formales para su restitución, mientras que en 2021 el organismo avanzó por la vía judicial que finalmente permitió recuperar el inmueble.

El funcionario Gutiérrez señaló que la propiedad vuelve a estar bajo control estatal luego de un período prolongado de ocupación, y destacó que su ubicación resulta relevante para fortalecer la presencia institucional en el área. La vivienda se encuentra sobre la dársena del kilómetro 83 del Canal Principal, en la intersección con Camino 7, un punto vinculado a la actividad productiva de la región.

Durante el procedimiento de restitución, se constataron daños en la infraestructura, entre ellos roturas y faltantes en paredes, aberturas, instalaciones sanitarias y equipamiento. Ante esta situación, se radicó una denuncia penal para avanzar en la investigación correspondiente.

Desde el organismo se indicó que la incorporación del inmueble permitirá mejorar la capacidad operativa de la Brigada Rural, con el objetivo de fortalecer las tareas de control y prevención del delito en zonas productivas. La medida apunta a ampliar la presencia del Estado en el territorio y optimizar los recursos disponibles para el abordaje de problemáticas vinculadas a la seguridad en el ámbito rural.