La causa por el plan Techo Digno en Cervantes sumó un giro político y judicial de peso con la admisión de culpabilidad del exintendente Gilberto Montanaro, quien reconoció su responsabilidad en delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso, en el marco de un acuerdo abreviado pleno que prevé tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La definición, que quedará formalizada con la resolución del juez de Garantías prevista para este jueves 30, no sólo implica el reconocimiento penal del exjefe comunal sino que introduce un antecedente relevante para el resto de los expedientes derivados del esquema Techo Digno, varios de los cuales continúan en trámite judicial.

Durante la audiencia, la fiscalía pidió la declaración de responsabilidad penal y sostuvo la pena acordada en función de la ausencia de antecedentes computables, la edad del imputado —75 años— y otros criterios considerados en la negociación. También solicitó reglas de conducta y advirtió que el incumplimiento podría derivar en la revocación de la condicionalidad.

Pero la admisión tuvo además una dimensión política y judicial insoslayable. Gilberto Montanaro, padre de la actual intendenta Claudia Montanaro, asumió personalmente la responsabilidad por los hechos investigados, en una definición que podría impactar sobre la situación procesal de la jefa comunal, también alcanzada por la causa. El reconocimiento del exintendente abre la interpretación de que la asunción de culpabilidad podría despejar responsabilidades para su hija, al tiempo que reconfigura el escenario de un expediente atravesado por la histórica alternancia de roles entre ambos en el municipio: cuando él fue intendente, ella ocupó la Secretaría de Gobierno; y durante la actual gestión de la mandataria comunal, él se desempeñó como secretario de Gobierno.

Esa admisión, aunque circunscripta a este expediente, deja una señal para las otras investigaciones vinculadas al programa habitacional que siguen abiertas. En ámbitos judiciales el dato no pasó inadvertido: el reconocimiento de responsabilidad en un caso de esta magnitud puede proyectar efectos como antecedente en otros procesos ligados a operatorias similares.

Durante casi tres horas, la fiscalía repasó más de 80 puntos de sustento probatorio sobre el convenio firmado en 2014 entre Nación y el municipio para construir 135 viviendas e infraestructura, con financiamiento cercano a 61 millones de pesos. Según la acusación, mediante certificaciones falsas de avance de obra se habrían gestionado desembolsos por casi la totalidad de los fondos, pese a que el nivel real de ejecución no coincidía con lo informado.

El Ministerio Público sostuvo que esa maniobra implicó beneficios indebidos para empresas contratistas a partir de avances certificados por encima de los efectivamente realizados. Entre la evidencia enumerada figuraron informes nacionales y provinciales, pericias, documentación administrativa, relevamientos con drones, análisis de telecomunicaciones y entrevistas incorporadas a la investigación.

En su intervención, la defensa argumentó que la decisión de aceptar el acuerdo respondió también al desgaste de un proceso iniciado hace nueve años y a evitar una prolongación del juicio durante varios años más. Luego, el propio Montanaro reconoció ante el juez haber cometido los delitos atribuidos y aceptó la pena propuesta.

Con la sentencia a la espera de formalización, la causa sumó un capítulo que excede la situación personal del exintendente: cierra un tramo judicial para uno de los expedientes más sensibles de Techo Digno, libera políticamente a la actual conducción municipal y, al mismo tiempo, deja abierto un nuevo escenario para las causas que todavía siguen su curso.