La posibilidad de endurecer las penas por maltrato animal volvió a ingresar en la agenda legislativa rionegrina a partir de un proyecto que solicita modificar la Ley Nacional N° 14.346, vigente desde 1954. La iniciativa plantea elevar las escalas penales, incorporar nuevas figuras delictivas y establecer sanciones accesorias para quienes sean condenados por hechos de crueldad contra animales.

Las legisladoras del bloque CC ARI Cambiemos, Roberta Scavo y Daniela Agostino, presentaron un proyecto de comunicación dirigido a los representantes de Río Negro en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. El objetivo es que impulsen una actualización de la normativa nacional sobre maltrato animal.

Entre los cambios propuestos se encuentra el aumento de las penas de prisión, con cumplimiento efectivo para los casos considerados de mayor gravedad. Además, el proyecto plantea incorporar la inhabilitación especial para la tenencia, custodia, crianza o comercio de animales, establecer multas económicas actualizables destinadas a fondos de protección animal y tipificar de manera específica conductas como el abandono, la zoofilia y la difusión de contenido de crueldad animal.

En los fundamentos, las autoras sostienen que la legislación vigente quedó desactualizada frente a los cambios registrados en materia de protección animal y al desarrollo de la jurisprudencia. Señalan que, si bien la ley fue pionera cuando se sancionó en 1954, las penas actuales —que van de 15 días a un año de prisión— resultan excarcelables y, según indican, limitan la posibilidad de aplicar sanciones de cumplimiento efectivo.

El proyecto también menciona casos recientes para fundamentar la necesidad de una reforma. Entre ellos figura el hecho ocurrido en Bahía Blanca, donde dos jóvenes mataron a golpes a una nutria criolla y difundieron las imágenes en redes sociales. Asimismo, recuerda el denominado caso Estelita, ocurrido en Río Negro en 2019, cuando una perra murió tras ser atada a un vehículo y arrastrada por el pavimento. Según las legisladoras, en ambos episodios las penas previstas por la legislación vigente impidieron la aplicación de prisión efectiva.

En la iniciativa también se plantea que la difusión pública de imágenes de crueldad animal constituye un elemento que merece una respuesta específica dentro del sistema penal. Las legisladoras sostienen que ese tipo de conductas expone una problemática que trasciende el hecho puntual y requiere herramientas legales acordes.

Otro de los argumentos incluidos en el proyecto refiere a estudios que establecen una correlación entre la violencia hacia los animales y otras formas de violencia interpersonal. En ese sentido, las autoras consideran necesario incorporar la reincidencia como agravante específico y fortalecer el carácter preventivo de las sanciones.

Finalmente, el proyecto solicita que el Congreso Nacional avance en una actualización integral de la legislación para adecuarla al contexto actual y dotar al sistema judicial de mayores herramientas frente a los casos de maltrato y crueldad animal.