La entrada en vigencia de la ley que impide el corte de los servicios esenciales a sectores vulnerables abrió una nueva etapa: la de su aplicación efectiva. En ese marco, la legisladora Magdalena Odarda advirtió que ya aparecieron los primeros cuestionamientos por parte de una empresa prestadora y reclamó que se garantice el cumplimiento de la norma recientemente promulgada.

La referente de Vamos con Todos, una de las impulsoras de la iniciativa junto al bloque PJ-Nuevo Encuentro, sostuvo que recibió documentación correspondiente a un caso ocurrido en Cinco Saltos, donde Camuzzi habría rechazado la aplicación de la ley argumentando que el servicio se encuentra bajo regulación nacional.

Para Odarda, esa postura constituye un posible incumplimiento de la legislación provincial. "Camuzzi opera en Río Negro, tiene usuarios y consumidores en Río Negro y está obligada a cumplir las leyes de Río Negro", sostuvo.

La legisladora explicó que, además de impulsar la aprobación de la norma, desde su bloque elaboraron formularios para facilitar tanto el acceso al beneficio como la presentación de denuncias en caso de incumplimiento. Indicó que el objetivo es eliminar las barreras burocráticas para que las personas alcanzadas por la ley puedan ejercer ese derecho.

En ese sentido, señaló que mantuvo reuniones con el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, organismo designado como autoridad de aplicación, y afirmó que percibe voluntad para hacer cumplir la legislación. No obstante, consideró que todavía es necesario simplificar los mecanismos de reclamo. "Le propuse que exista un número de WhatsApp para recibir denuncias. Hoy pedir que una persona mayor ingrese a una página, cargue un usuario y una contraseña termina siendo una barrera de acceso", afirmó.

Odarda también recordó que la Defensoría del Pueblo provincial puede recibir presentaciones vinculadas con incumplimientos y consideró importante que existan distintas vías para garantizar la protección prevista por la ley.

La legisladora insistió en que la norma no implica condonar las deudas de los usuarios alcanzados, sino impedir la interrupción de servicios esenciales mientras se instrumentan planes de pago que permitan regularizar la situación. "El gas, la luz y el agua no son bienes de lujo; son indispensables para una vida digna. Cortarlos a una familia vulnerable en pleno invierno sería una situación inhumana", sostuvo.