El cumplimiento de la Ley Provincial 5860, que prohíbe los cortes de gas, electricidad y agua a personas jubiladas, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad, quedó en el centro de un planteo presentado ante la Fiscalía de Estado de Río Negro. La solicitud busca que se impulsen acciones judiciales para garantizar la aplicación de la norma y evitar que continúe su presunto incumplimiento.

El bloque legislativo Vamos con Todos realizó la presentación, que pidió al fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, promover una demanda contra Camuzzi Gas del Sur y solicitar una medida cautelar que obligue a la empresa a cumplir la legislación vigente en todo el territorio provincial.

La iniciativa, firmada por los legisladores José Luis Berros y Magdalena Odarda, sostiene que la distribuidora de gas comunicó a la Provincia que no aplicará la ley sancionada por la Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo. Para el bloque, esa postura requiere una respuesta judicial por parte del Estado provincial.

En el escrito también se mencionan denuncias formuladas por centros de jubilados, cooperativas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). De acuerdo con esa presentación, la empresa no estaría entregando los formularios de declaración jurada previstos por la ley y rechazaría otorgar el beneficio a quienes se encuentran alcanzados por la protección establecida en la norma.

Los legisladores señalaron además que, si la empresa considera que la ley es incompatible con la normativa nacional, debe plantear esa cuestión ante la Justicia. Mientras no exista una resolución judicial que declare su inconstitucionalidad, sostuvieron, la legislación provincial debe ser aplicada.

En ese contexto, Berros afirmó que permitir que una empresa decida qué normas cumplir representa un antecedente institucional grave, mientras que Odarda sostuvo que el Gobierno provincial tiene la obligación de defender una ley que fue promulgada por el propio Poder Ejecutivo y proteger los derechos de los sectores alcanzados por esa normativa. El bloque insistió en que la Fiscalía de Estado impulse las medidas judiciales correspondientes para garantizar su cumplimiento.