Las presuntas irregularidades denunciadas en la contratación del baño modular instalado en la Feria Municipal comenzaron a transitar una nueva etapa. La Municipalidad de Viedma remitió su respuesta al Tribunal de Cuentas, aunque el escrito no aborda puntualmente los principales cuestionamientos planteados por el concejal Julián Algañarás, sino que centra su argumentación en el procedimiento utilizado por el organismo de control para requerir información.

La presentación del Ejecutivo llegó después de que el edil de Vamos con Todos solicitara que el Tribunal investigue un expediente que, a su entender, reúne una sucesión de irregularidades: un presunto conflicto de intereses por la adjudicación a una empresa cuyo socio mantiene un vínculo familiar con el intendente Marcos Castro; el cambio del destino original de la obra, que pasó de proyectarse para El Cóndor a instalarse en la Feria Municipal; la decisión de adjudicar directamente el contrato sin convocar a una mejora de oferta, pese a la recomendación de la Contaduría Municipal; una contratación por encima del presupuesto oficial; adicionales posteriores que incrementaron el costo; la demolición de los baños existentes sin informes técnicos suficientes y presuntas inconsistencias en la documentación incorporada al expediente, como la dirección de la empresa que coincide con el domicilio del intendente Castro.

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Sin embargo, la respuesta firmada por la jefa de Gabinete y Gobierno, María Eugenia Serra, y el intendente Marcos Castro no desarrolla una contestación específica a ninguno de esos planteos. En cambio, sostiene que el requerimiento formulado por el Tribunal no surge de un expediente administrativo en trámite sino de información difundida públicamente, y plantea que el ejercicio de las facultades de control debe canalizarse mediante actuaciones formales debidamente individualizadas.

Uno de los aspectos centrales de la denuncia era el supuesto vínculo entre uno de los socios de Módulos Patagónicos S.A.S. y el jefe comunal. Sobre ese punto, el Ejecutivo tampoco niega la relación mencionada por el concejal. Lo que sostiene es que solicitar información sobre la composición societaria de la empresa o sobre eventuales vínculos familiares con funcionarios municipales excede las competencias del Tribunal de Cuentas, por tratarse —afirma— de una investigación sobre relaciones personales o societarias de particulares que no forma parte del control de legalidad del gasto público.

El escrito tampoco responde a otros cuestionamientos incluidos en la denuncia. No explica por qué no se convocó a una mejora de oferta cuando la diferencia entre las dos propuestas admitidas era de apenas 31.842 pesos y la propia Contaduría había recomendado aplicar ese mecanismo; tampoco hace referencia a la adjudicación por un monto cercano al 18% por encima del presupuesto oficial, a los adicionales aprobados durante la ejecución de la obra, al depósito incorporado posteriormente, ni a las razones técnicas que justificaron la demolición de los sanitarios existentes en la Feria Municipal. Todos esos puntos forman parte del planteo presentado por Algañarás ante el órgano de control.

Como respuesta de fondo, el Municipio se limita a señalar que el expediente administrativo de la contratación —que consta de 450 fojas— se encuentra a disposición del Tribunal para su consulta. También remarca que Módulos Patagónicos S.A.S. participó en otros concursos de precios municipales en los que no resultó adjudicataria, como argumento para descartar un eventual direccionamiento en favor de la firma.

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La defensa política de Serra

En paralelo al descargo administrativo, María Eugenia Serra difundió una nota pública en la que salió en defensa de la gestión municipal y del intendente Marcos Castro. Allí calificó las denuncias impulsadas por Algañarás como "una de las expresiones más bajas de la política local" y afirmó que el concurso de precios se desarrolló "con absoluta normalidad y transparencia".

La funcionaria sostuvo que los cuestionamientos son sostenidos únicamente por el concejal opositor y atribuyó esa actitud a un intento de "erosionar la figura institucional del intendente". También reivindicó la administración económica del Municipio, destacó que Viedma cerró el último ejercicio con superávit y aseguró que los recursos públicos se administran con responsabilidad.

Serra reconoció que el control de los actos de gobierno constituye una función propia de la oposición, aunque consideró que debe ejercerse con responsabilidad y sustentarse en hechos verificables, rechazando las denuncias que —afirmó— carecen de elementos que las respalden.

Qué deberá resolver el Tribunal

Con la incorporación del descargo del Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas deberá ahora analizar tanto la denuncia presentada por Algañarás como la documentación remitida por la Municipalidad para determinar si corresponde abrir una investigación formal, impulsar un sumario administrativo, solicitar nuevas medidas o archivar las actuaciones. La resolución definirá si los cuestionamientos planteados por el concejal ameritan una revisión más profunda del procedimiento mediante el cual se contrató e instaló el módulo sanitario en la Feria Municipal.