Las micro y pequeñas empresas de Río Negro que acumulen deudas por el servicio eléctrico podrían quedar protegidas frente a cortes de suministro si avanza un proyecto de ley presentado por el legislador Luciano Delgado Sempé. La iniciativa establece que las prestadoras deberán ofrecer previamente un plan de regularización acorde con la capacidad económica de cada empresa.

El proyecto no contempla la condonación de las deudas, sino que busca establecer condiciones de pago que permitan sostener la actividad comercial o productiva mientras se regularizan los montos pendientes. La propuesta alcanza a comercios y emprendimientos que dependan del suministro eléctrico para funcionar.

“Para una heladería, una carnicería, una panadería, un almacén, un restaurante, un taller o cualquier pequeño emprendimiento, cortar la luz significa muchas veces obligarlo a cerrar. Si queremos que pague su deuda, tenemos que permitirle seguir trabajando y generando ingresos”, planteó Delgado Sempé.

El esquema establece planes de regularización de hasta 60 cuotas mensuales, que podrán extenderse a 84 cuotas cuando la situación económica de la empresa lo justifique. A su vez, la cuota mensual no podrá superar el 50% del promedio de la facturación eléctrica mensual de los últimos 12 meses.

La iniciativa también fija un límite para la tasa de interés de la refinanciación y prohíbe sumar intereses punitorios, comisiones, gastos administrativos, cargos financieros u otros conceptos que incrementen la deuda.

“Un plan de pagos tiene que servir para solucionar el problema, no para generar una deuda todavía mayor. La cuota tiene que poder pagarse junto con la factura corriente, los salarios, el alquiler, los proveedores, los impuestos y la mercadería necesaria para seguir trabajando”, sostuvo el legislador.

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que la solicitud del plan de regularización suspenderá automáticamente cualquier procedimiento de corte vinculado con la deuda. A partir de ese momento, la empresa prestadora tendrá 10 días hábiles para presentar una propuesta.

Si transcurre ese plazo sin que se formule un plan, la pyme podrá acogerse de pleno derecho al esquema máximo previsto por la ley. En los casos en que el suministro ya haya sido interrumpido, la formalización del acuerdo obligará a la prestadora a reconectar el servicio dentro de las 24 horas y sin cobrar el cargo correspondiente a la reconexión.

Para acceder al régimen, las empresas deberán acreditar su condición de micro o pequeña empresa mediante el Certificado MiPyME o los mecanismos que determine posteriormente la reglamentación.

El proyecto también contempla la creación de una Mesa Provincial de Energía, que estaría presidida por el EPRE e integrada por representantes de las cámaras empresarias de las distintas regiones de Río Negro y del Poder Ejecutivo provincial.

A su vez, las empresas podrán recurrir ante el EPRE cuando consideren que el plan ofrecido por la prestadora resulta desproporcionado, imposible de cumplir o incompatible con su capacidad económica. Mientras se tramite ese reclamo, el suministro no podrá ser interrumpido.

Delgado Sempé planteó que la propuesta busca compatibilizar el derecho de las prestadoras a cobrar por el servicio con la necesidad de preservar las pequeñas unidades económicas y los puestos de trabajo.

“Una deuda de luz no puede transformarse en la sentencia de cierre de un comercio. Cuando cortamos la energía a alguien que necesita electricidad para producir o vender, le estamos quitando justamente la herramienta con la que puede generar el dinero para pagar esa deuda”, afirmó.

El legislador cerró su planteo con una definición que resume el objetivo de la iniciativa: “No estamos diciendo que las deudas no se paguen. Estamos diciendo algo mucho más sencillo: primero permitamos que sigan trabajando para que puedan pagar. El corte de energía tiene que ser la última instancia, nunca la primera respuesta”.