La entrada en vigencia del nuevo régimen nacional de responsabilidad penal adolescente desde los 14 años plantea para Río Negro la necesidad de definir cómo se implementará y con qué estructura contará la provincia. En ese marco, la legisladora de Juntos Somos Río Negro Maricel Cévoli reclamó que avance el tratamiento de un proyecto existente y que se incorporen las modificaciones trabajadas por organismos y organizaciones vinculadas con los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Cévoli explicó que el tema viene siendo abordado en el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Río Negro (CONIAR), a partir de la implementación de la normativa nacional y de una reunión de la Red de Adolescencias realizada en Viedma. En ese encuentro participaron organizaciones, representantes de la Justicia y distintos sectores del Ejecutivo provincial.

La legisladora señaló que en la Comisión de Constitucionales existe un proyecto presentado en 2018 por el Superior Tribunal de Justicia, que ya contemplaba una intervención previa, preventiva y socioeducativa frente a situaciones vinculadas con adolescentes que pudieran entrar en conflicto con la ley. La iniciativa fue presentada durante la integración del máximo tribunal de ese momento, con participación de la entonces jueza Lilian Piccinini.

Según explicó Cévoli, el proyecto original no estaba planteado en términos de una determinada edad de imputabilidad, sino que apuntaba a acciones preventivas y socioeducativas. A partir de los cambios introducidos por la legislación nacional, el objetivo ahora es revisar aquella propuesta y adecuarla a las características y necesidades de Río Negro.

Uno de los aspectos que la legisladora consideró necesario aclarar es el alcance del nuevo régimen. Planteó que la normativa nacional establece la responsabilidad penal desde los 14 años para determinados delitos graves, pero remarcó que eso no significa que las y los adolescentes deban cumplir penas en cárceles comunes.

En ese sentido, sostuvo que la aplicación de la ley requiere espacios específicos y equipos de trabajo que acompañen los procesos de desarrollo de las y los adolescentes. También señaló que las penas previstas van de 3 a 15 años y que no se contempla la prisión perpetua.

Para Cévoli, uno de los principales desafíos está relacionado con la estructura que deberán disponer las provincias para aplicar el nuevo régimen. La legisladora advirtió que será necesario contar con recursos y equipos que permitan que, ante una situación de estas características, la Justicia pueda poner en funcionamiento el esquema establecido por la legislación nacional.

Como ejemplo de las dificultades que pueden aparecer, mencionó la situación planteada en la provincia de Buenos Aires, donde una jueza solicitó una excepción de 60 días para la aplicación a partir de distintas cuestiones vinculadas con la estructura necesaria, entre ellas la falta de una figura de supervisión requerida por la normativa.

En el caso de Río Negro, Cévoli destacó el rol de la SENAF, que trabaja con jóvenes en conflicto con la ley. De acuerdo con la información que recibió el CONIAR, actualmente existe un solo caso de estas características en la provincia, aunque la implementación del nuevo régimen requiere definir de qué manera se responderá ante eventuales situaciones futuras.

La legisladora también señaló que las modificaciones al proyecto de 2018 fueron trabajadas a partir de los aportes realizados durante los encuentros de la Red de Adolescencias, con participación de organizaciones como la Fundación Creando Futuro y el CADEM, además de organismos del Estado provincial. A esos aportes se sumaron propuestas provenientes de Bariloche y del CONIAR de General Roca.

Cévoli sostuvo que los planteos realizados por esos sectores apuntan, en términos generales, a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, en línea con los compromisos asumidos por Argentina a través de la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese punto, planteó la necesidad de revisar la aplicación de la normativa nacional a la luz de esas obligaciones.

La legisladora confirmó que ya fue presentada una nota para solicitar el pronto tratamiento del proyecto existente y avanzar con las modificaciones que surgieron de los distintos espacios. Al mismo tiempo, remarcó que la Justicia tendrá un papel central en la aplicación concreta del nuevo régimen y que será necesario conocer cómo se instrumentará en la provincia.

“Es importante que sigamos pensando, revisando y re viendo”, planteó Cévoli durante la entrevista, al tiempo que señaló que el órgano de aplicación es la Justicia. Para la legisladora, ese ámbito deberá establecer cómo se trabajará a partir de la entrada en vigencia de la nueva legislación y qué herramientas serán necesarias para abordar los casos que puedan presentarse en Río Negro.