La advertencia fue planteada por ATE Río Negro, que cuestionó el creciente nivel de sobreendeudamiento entre trabajadores estatales y reclamó medidas para evitar que la acumulación de cuotas termine absorbiendo una parte sustancial de los salarios. El sindicato sostiene que el Estado no debería limitarse a actuar como agente de cobro de entidades financieras, mutuales y empresas crediticias.

El gremio puso como ejemplo dos expedientes judiciales en los que se registraron situaciones consideradas extremas. En uno de los casos, una trabajadora sufrió descuentos equivalentes a casi el 99% de su haber neto y terminó percibiendo apenas $12.000. En otro expediente se acreditó un recibo de sueldo cuyo saldo neto quedó en $0 después de aplicar los descuentos vinculados con créditos.

Desde ATE plantearon que estas situaciones entran en tensión con el carácter alimentario del salario, ya que el ingreso debe permitir cubrir las necesidades básicas de quien trabaja y de su grupo familiar. En ese sentido, el secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, señaló que la Justicia provincial ya estableció en distintos casos límites del 33% de las remuneraciones, una vez aplicados los descuentos legales.

“El salario tiene carácter alimentario y debe garantizar la subsistencia del trabajador y de su familia. La propia Justicia de Río Negro ha dispuesto, en distintos casos, limitar este tipo de deducciones al 33% de las remuneraciones, luego de los descuentos legales, para preservar una parte sustancial del ingreso”, expresó Vicente.

El planteo sindical apunta a que el Gobierno provincial establezca un tope máximo para los descuentos voluntarios derivados de préstamos, créditos y otras obligaciones financieras. La intención es que, una vez aplicadas las deducciones, los trabajadores conserven los recursos necesarios para afrontar gastos básicos.

Entre las necesidades que ATE busca preservar aparecen alimentación, vivienda, servicios, transporte y salud, además del sostenimiento económico de las familias. El sindicato considera que el nivel de endeudamiento no debería derivar en situaciones en las que el salario resulte insuficiente para cubrir esos gastos.

Vicente sostuvo que el Estado tiene una responsabilidad frente a esta problemática y reclamó que se establezcan límites tanto sobre el nivel de descuentos como sobre las prácticas financieras que pueden profundizar el endeudamiento de los trabajadores.

“El Estado tiene una responsabilidad indelegable. No puede permitir que un trabajador cobre cero pesos porque todo su salario fue destinado al pago de préstamos. Las deudas deben pagarse, pero nunca a costa de dejar a una familia sin recursos para vivir”, afirmó el dirigente de ATE.

El reclamo incluye además la necesidad de establecer límites a los descuentos y a los abusos financieros, con el objetivo de evitar que la acumulación de obligaciones crediticias termine comprometiendo la totalidad de los ingresos de los trabajadores estatales.