La Legislatura de Río Negro aprobó por 35 votos a favor y 8 en contra el esquema de compensación financiera transitoria destinado a 14 municipios, que recibirán recursos adicionales para afrontar el crecimiento de la demanda de servicios e infraestructura. El mecanismo se financiará con fondos de Rentas Generales del Tesoro provincial, sin modificar ni detraer recursos de la masa coparticipable que corresponde al resto de las comunas.

La iniciativa ratifica los convenios bilaterales firmados entre la Provincia y los municipios incluidos en el esquema. La compensación apunta a atender el impacto que tuvo el crecimiento poblacional sobre las prestaciones y las necesidades de infraestructura de esas localidades.

Como miembro informante del proyecto, el legislador Lucas Pica (JSRN) presentó la medida como una decisión de reparación e integración territorial. Durante su intervención sostuvo que se trata de una política sustentada en el federalismo y el municipalismo y destacó la decisión política del gobernador Alberto Weretilneck.

Pica remarcó que el mecanismo no implica modificar la Ley 1946 ni alterar sus índices de distribución. “No estamos ni reformando la ley ni alterando sus índices”, afirmó, y aclaró que los recursos destinados a las compensaciones no serán descontados de la masa coparticipable general.

El legislador precisó que los 14 municipios incluidos en los convenios representan para el Tesoro provincial un desembolso mensual de 1.028 millones de pesos. Insistió en que esos fondos salen directamente de las arcas provinciales y no afectan los recursos que reciben las restantes localidades.

También defendió el criterio utilizado para establecer los montos. Sostuvo que se trata de una decisión política, pero con sustento técnico y matemático, y rechazó que existan parámetros arbitrarios o subjetivos en la determinación de las compensaciones.

Pica vinculó además el esquema con la gobernabilidad de los municipios. Planteó que los intendentes necesitan previsibilidad para afrontar las demandas que genera el crecimiento de la población y sostuvo que el acompañamiento provincial apunta a evitar que las administraciones locales queden sin recursos para responder a esas necesidades.

El presidente del bloque JSRN, Facundo López, también respaldó la iniciativa y sostuvo que lo que se está aplicando es “justicia”. El legislador defendió la decisión del Gobierno provincial y afirmó que el Ejecutivo debe gobernar para el conjunto de las localidades rionegrinas “sin dejar a ninguno atrás”.

Los bloques que acompañaron

El proyecto reunió el respaldo de legisladores de distintos bloques. El presidente de Vamos con Todos, José Luis Berros, justificó el acompañamiento de su espacio a partir de la retracción de recursos provenientes del Gobierno nacional y definió la medida como “un parche” frente a esa situación.

Desde el PRO, Juan Martín sostuvo que la iniciativa permite otorgar previsibilidad a las administraciones municipales. Ariel Bernatene, de la UCR, afirmó que el proyecto constituye una respuesta concreta ante una situación que, planteó, no puede continuar siendo ignorada.

También acompañó Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro), quien destacó el alivio financiero que representa para localidades que atraviesan procesos de crecimiento. Mencionó particularmente el caso de El Bolsón y el impacto que tendrá el aporte previsto para ese municipio.

Desde la CC-ARI, Javier Acevedo consideró que se trata de un alivio de carácter temporal y acompañó la iniciativa, aunque planteó la necesidad de avanzar hacia una solución definitiva para el esquema de distribución de recursos entre municipios.

También expresaron su respaldo Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), Magdalena Odarda (Vamos con Todos), Pedro Dantas (PJ-Nuevo Encuentro), Juan Murillo (PRO), Lorena Matzen (UCR) y Soraya Yauhar (JSRN), quienes coincidieron en la necesidad de atender las demandas planteadas por los gobiernos locales.

Odarda destacó particularmente el respaldo de los intendentes e intendentas que suscribieron los convenios. Señaló que, aun cuando los montos puedan ser reducidos en términos individuales, se trata de recursos que corresponden a las comunidades.

Los cuestionamientos al esquema

Los ocho votos en contra estuvieron acompañados por críticas centradas principalmente en la metodología utilizada para determinar las compensaciones y en la falta de una modificación estructural del sistema de coparticipación municipal.

La legisladora Marcela González Abdala cuestionó los parámetros aplicados entre municipios vecinos y puso como ejemplo una diferencia en los montos asignados. Planteó que una localidad con menor peso poblacional y menor nivel de recaudación puede terminar recibiendo una compensación 63% superior a la de un municipio de mayor magnitud. También cuestionó que se utilice de manera selectiva un criterio que, de acuerdo con su planteo, el propio Gobierno provincial reconoce que no puede aplicarse de manera general. Su crítica estuvo centrada en la proporcionalidad del reparto y en los criterios utilizados para establecer las compensaciones.

En una línea similar se expresó Santiago Ibarrolaza, quien sostuvo que la iniciativa no resuelve el problema estructural que atraviesan las comunas. Para el legislador, el esquema puede generar “inestabilidad política” e “inestabilidad financiera” y no reemplaza la discusión de fondo sobre el sistema de distribución. Planteó que la solución debería pasar por una nueva ley de coparticipación provincial, en lugar de establecer mecanismos transitorios mediante convenios particulares.

De esta manera, la sanción dejó planteadas dos posiciones sobre el alcance de la medida. Mientras el oficialismo y los bloques que acompañaron la consideran una herramienta para atender de manera inmediata las necesidades financieras de 14 municipios sin afectar al resto, quienes votaron en contra cuestionaron que se trate de una solución transitoria y reclamaron una discusión integral sobre la coparticipación municipal.