La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves 24, por mayoría, la reforma de la Ley Orgánica del IPROSS, que reemplaza la afiliación obligatoria de los agentes públicos activos y pasivos por un esquema que permite elegir otra cobertura de salud para el trabajador y su grupo familiar primario. La iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck fue rechazada por los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro.

El nuevo mecanismo establece que el 100% del aporte personal, equivalente al 4% para trabajadores activos y al 5,5% para jubilados y pensionados, podrá ser derivado a la entidad de salud que el afiliado elija. Si la cobertura seleccionada tiene un costo superior al monto derivado, la diferencia deberá ser abonada por el trabajador.

La contribución patronal del 7%, en cambio, continuará ingresando al IPROSS. El proyecto establece que esos recursos serán destinados a planes oncológicos y especiales, prestaciones vinculadas con discapacidad y prótesis, farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas.

La posibilidad de optar por otra cobertura tendrá algunas excepciones. No podrán hacerlo quienes ocupen cargos electivos o de designación política, ni las autoridades superiores de los poderes del Estado, organismos de control y empresas estatales. Para jubilados y pensionados cuyos haberes sean liquidados por un organismo previsional nacional, la derivación dependerá de la firma de un convenio con esa entidad.

La reforma también establece mecanismos para evitar interrupciones en la atención. Si la cobertura elegida deja de prestar el servicio por una causa ajena al afiliado, la persona volverá automáticamente al IPROSS y sin períodos de carencia. Además, los tratamientos que estuvieran en curso deberán continuar sin interrupciones cuando se concrete el cambio.

Escudero defendió la posibilidad de elegir

La legisladora Andrea Escudero (JSRN), como miembro informante, defendió la iniciativa y rechazó los planteos que vinculan la reforma con una eventual privatización o vaciamiento del Instituto. Sostuvo que el proyecto no obliga a ningún trabajador a abandonar el IPROSS y que la decisión quedará en manos de cada afiliado.

Escudero planteó que la reforma busca terminar con la condición de “afiliados cautivos” que, de acuerdo con su exposición, fue cuestionada durante años por trabajadores estatales. También enumeró mejoras que, indicó, tuvo el Instituto en los últimos años, entre ellas convenios con centros de alta complejidad, digitalización de trámites y ampliación de prestaciones odontológicas, prótesis, medicamentos, discapacidad y tratamientos oncológicos.

Sobre el financiamiento, la legisladora defendió que el aporte personal pueda seguir al afiliado mientras la contribución patronal permanezca en el sistema. Para Escudero, esa combinación permite sostener el carácter solidario del IPROSS y evitar su desfinanciamiento.

La legisladora resumió los objetivos de la reforma en tres ejes: “libertad para el afiliado, fortalecimiento de la obra social y mejora obligada por parte de los prestadores”.

Picotti y Lacour cuestionaron el mecanismo

Gabriela Picotti coincidió con el principio de libre elección, aunque planteó diferencias con las condiciones establecidas. “Libertad es libertad verdadera, sin restricciones”, sostuvo durante el debate.

La legisladora cuestionó que el trabajador solamente pueda derivar su aporte personal y deba afrontar con recursos propios cualquier diferencia entre ese monto y el valor de la cobertura elegida. También mencionó dificultades vinculadas con prótesis, medicamentos y turnos, además del cobro de adicionales por parte de algunos profesionales.

Martina Lacour también acompañó el principio de libre elección, pero objetó que la contribución patronal del 7% permanezca en el IPROSS cuando el trabajador y su grupo familiar hayan optado por otra cobertura. “Liberamos a la persona pero retenemos el financiamiento”, resumió.

Lacour sostuvo además que el esquema podía generar una situación perjudicial para los trabajadores y pidió que la iniciativa fuera votada tanto en general como en particular, de manera de acompañar la posibilidad de elegir y rechazar artículos con los que no coincidía.

Oposición: cuestionamientos al financiamiento

Ayelén Sposito (Vamos con Todos) rechazó la reforma y la definió como “marketing libertario”. Su planteo estuvo centrado en que el 4% personal podría no resultar suficiente para acceder a una cobertura privada, mientras que la salida de afiliados también tendría impacto sobre los recursos con los que funciona el IPROSS.

La legisladora sostuvo que la discusión debería concentrarse en mejorar las prestaciones del Instituto y mencionó diferencias entre convenios con prestadores y el cobro del denominado plus médico en algunas localidades.

César Domínguez, en cambio, anticipó su acompañamiento en general aunque planteó reparos a algunos artículos. Defendió una concepción amplia de la libertad individual y recordó que había impulsado anteriormente una iniciativa vinculada con la posibilidad de elección para jubilados.

Al mismo tiempo, consideró que las restricciones previstas en el proyecto impiden hablar de una libertad plena, particularmente para trabajadores de menores ingresos. A diferencia de otros legisladores que cuestionaron la reforma, Domínguez sostuvo que el esquema no desfinanciará al IPROSS.

Magdalena Odarda (Vamos con Todos) pidió frenar el tratamiento y realizar previamente una auditoría sobre las cuentas del Instituto. También cuestionó que durante casi tres años no haya funcionado efectivamente la comisión legislativa de seguimiento del IPROSS.

Odarda objetó además el mecanismo utilizado para enviar el proyecto, al considerar que su tratamiento en única vuelta redujo las posibilidades de participación de trabajadores, jubilados, sindicatos y municipios. Su bloque reclamó evaluar especialmente qué efecto tendría la salida de afiliados con salarios más altos sobre quienes requieren tratamientos prolongados, prestaciones de alto costo, discapacidad o atención especializada.

Pica defendió la permanencia del 7%

Lucas Pica (JSRN) concentró parte de su exposición en los fundamentos jurídicos de la reforma. Sostuvo que el 4% personal forma parte del salario del trabajador, mientras que el 7% patronal tiene una naturaleza jurídica diferente y constituye una obligación del empleador destinada al financiamiento del sistema solidario.

Desde esa interpretación, rechazó que exista un derecho individual del trabajador a derivar también la contribución patronal cuando decide abandonar el IPROSS.nPica sintetizó la reforma a partir de una pregunta dirigida al afiliado: “¿Usted se quiere ir o usted se quiere quedar?”.

Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) también anticipó su acompañamiento y recordó que su espacio había presentado iniciativas vinculadas con la libre elección. Consideró que mantener el 7% patronal dentro del Instituto permitirá sostener prestaciones de mayor complejidad, entre ellas oncología y discapacidad, y destacó que el regreso al IPROSS estará contemplado después del período de 36 meses previsto.

Los apoyos y las advertencias

Lorena Matzen (UCR) respaldó la iniciativa y sostuvo que la posibilidad de elegir constituye un reclamo histórico. Durante su exposición citó una encuesta realizada por SITRAJUR entre 215 trabajadores judiciales: 57 manifestaron que optarían por una cobertura privada, 55 que permanecerían en el IPROSS y 85 condicionaron su decisión al costo y las prestaciones disponibles.

Javier Acevedo (ARI-Cambiemos) también anunció su voto favorable, aunque advirtió sobre el riesgo de “selección adversa”. Planteó que podrían tener mayores incentivos para abandonar el Instituto los afiliados jóvenes, sanos y con mejores salarios, mientras permanecerían quienes necesitan prestaciones más complejas.

Acevedo propuso la creación de un Fondo de Estabilización Prestacional, con garantía del Tesoro provincial, para compensar eventuales caídas de ingresos. Entre las alternativas que mencionó incluyó una retención solidaria sobre el aporte de quienes abandonen el Instituto, un canon para las entidades receptoras, una cuota de reingreso y aportes provenientes de eventuales superávits.

También planteó establecer una ventana anual para ejercer la opción, con una primera apertura a los 180 días, con el objetivo de que el IPROSS pueda anticipar presupuestariamente las salidas.

Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) confirmó el rechazo de su bloque y planteó que la discusión debería formar parte de un debate más amplio sobre el sistema de salud. Vinculó las dificultades financieras del IPROSS con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales y el aumento de los costos de medicamentos y prestaciones.

García también cuestionó las condiciones previstas para que jubilados y pensionados puedan optar por otra cobertura y planteó que, en determinados casos, será necesario un acuerdo específico con el organismo previsional nacional.

José Luis Berros (Vamos con Todos) rechazó la reforma y comparó el escenario con las políticas aplicadas durante los años 90. Cuestionó el concepto de “portabilidad” y presentó ejemplos de aportes personales correspondientes a profesionales y trabajadores de distintas áreas para señalar que esos montos podrían resultar insuficientes para acceder a una cobertura privada equivalente.

Además, vinculó la discusión con la experiencia de las AFJP y advirtió sobre la posibilidad de que, ante eventuales dificultades financieras del IPROSS, el Tesoro provincial deba aportar recursos adicionales.

Juan Martín (PRO-Unión Republicana) acompañó la iniciativa, aunque sostuvo que debería haber avanzado más. Diferenció la discusión sobre las prestaciones actuales del IPROSS del debate sobre el derecho a elegir y señaló que los problemas administrativos, financieros y prestacionales deberán abordarse de manera específica.

También anticipó el compromiso político de poner nuevamente en funcionamiento la comisión legislativa de seguimiento del IPROSS y recordó que su espacio había presentado una iniciativa de libre elección en 2024.

López defendió el esquema y negó un desfinanciamiento

El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, concentró el cierre de la defensa oficialista en el mecanismo de financiamiento. Rechazó que el objetivo de la reforma sea debilitar al IPROSS y defendió las prestaciones que actualmente brinda el Instituto.

López explicó el esquema con una comparación utilizando vasos con agua: quien decida abandonar el sistema podrá llevarse su 4% de aporte personal, mientras que el 7% patronal continuará ingresando al IPROSS. A partir de ese mecanismo, sostuvo que el Instituto conservará una parte sustancial de los recursos mientras dejará de asumir las prestaciones de quienes opten por otra cobertura.

“No vamos a desfinanciar”, afirmó durante su exposición. También sostuvo que la posibilidad de elección generará un escenario de competencia en el que el IPROSS deberá mejorar para retener afiliados y los prestadores elevar la calidad de la atención.

López defendió además las prestaciones del Instituto y afirmó: “Estoy convencido de que el IPROSS es una de las mejores obras sociales del país por lo que cubre en proporción a lo que aportamos y pagamos”.

Cruces con representantes de UNTER

La discusión legislativa tuvo momentos de tensión durante la intervención de López, particularmente por la presencia de representantes de UNTER en las bandejas del recinto, en el marco del paro docente de 48 horas que lleva adelante el gremio.

El legislador cuestionó las expresiones de dirigentes docentes que se encontraban en el lugar. La situación llevó al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, a intervenir para reclamar silencio tanto al público como a los legisladores y pedir que no hubiera interacciones entre ambos sectores mientras se desarrollaba el debate.

La reforma quedó así aprobada por mayoría, con un nuevo esquema para los trabajadores estatales rionegrinos que establece la posibilidad de elegir otra cobertura de salud, mientras mantiene dentro del IPROSS la contribución patronal y una parte de las prestaciones consideradas de carácter solidario y especial.