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La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar el fallo que habÃa declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales generó una serie de repudios polÃticos y sindicales, con cuestionamientos a sus consecuencias sobre la soberanÃa territorial y la protección de los recursos naturales.
La resolución dejó nuevamente operativa la derogación dispuesta por el DNU 70/2023, impulsado por Javier Milei, que eliminó la Ley 26.737. La normativa establecÃa un lÃmite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, además de restricciones para su adquisición en zonas de frontera y áreas vinculadas a cuerpos de agua.
El fallo se originó en una demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que habÃa cuestionado la derogación. La Corte consideró que la organización no tenÃa legitimación para impulsar una acción judicial colectiva y revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida.
El vicegobernador de RÃo Negro, Pedro Pesatti, cuestionó la decisión y advirtió sobre sus consecuencias para la provincia, especialmente por sus áreas cordilleranas, cuencas de agua dulce, zonas de frontera y litoral atlántico.
Pesatti sostuvo que eliminar las restricciones abre la posibilidad de que capitales extranjeros adquieran tierras estratégicas sin los lÃmites anteriores. Además, reclamó al Congreso de la Nación que rechace el DNU 70/2023 en su totalidad y cuestionó que la Justicia no haya reconocido la legitimación del CECIM para llevar adelante la demanda.
Por su parte, la senadora nacional Ana Marks repudió el fallo y anunció la presentación de un proyecto del interbloque justicialista para restituir la plena vigencia de la Ley 26.737 y dejar sin efecto el artÃculo 154 del decreto. «La tierra no es una mercancÃa más: es territorio, producción, recursos y soberanÃa», expresó.
Marks consideró que el Congreso debe recuperar las herramientas legales para proteger el dominio nacional sobre las tierras rurales y evitar que los recursos estratégicos queden sujetos exclusivamente a la lógica del mercado.
Desde el sindicalismo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, declaró al gremio en estado de alerta y movilización en todo el paÃs y anticipó que propondrá a las centrales obreras y al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) convocar a una movilización frente a la Corte Suprema.
Aguiar calificó el fallo como «gravÃsimo» y sostuvo que desconoce la voluntad expresada en el Congreso y en las movilizaciones contra la extranjerización de tierras. También convocó al movimiento obrero a impulsar acciones para reclamar la recuperación de la normativa.
En tanto, la referente del PTS en RÃo Negro, Alhue Gavuzzo, advirtió sobre el impacto de la medida en la cordillera y señaló que, en el departamento Bariloche, más del 13% de las tierras rurales ya está en manos extranjeras, de acuerdo con los datos que difundió.
La dirigente alertó sobre los riesgos para las zonas de frontera y las fuentes de agua dulce. También cuestionó el viaje del gobernador Alberto Weretilneck junto a Milei a ParÃs, donde mantuvieron reuniones con empresas mineras y energéticas, y reclamó nuevas movilizaciones para defender la soberanÃa territorial.
En el plano legislativo provincial, los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro presentaron proyectos para repudiar el fallo y solicitar al Congreso la derogación plena del DNU 70/2023.
Las iniciativas fueron impulsadas por José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé, de Vamos con Todos, y Daniel Belloso, Alejandra Mas, Luis Ivancich y Leandro GarcÃa, de PJ-Nuevo Encuentro.
Los legisladores también solicitaron al Parlamento Patagónico que se pronuncie contra la decisión judicial y reclame la protección de las tierras y los recursos estratégicos de la región. Los proyectos sostienen que la tierra, el agua y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación y las provincias.
El fallo reabrió asà la discusión sobre el régimen de propiedad de las tierras rurales y las atribuciones del Congreso para modificar las disposiciones del DNU. Mientras distintos sectores reclaman restablecer las restricciones, la derogación de la Ley de Tierras continúa operativa.
Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda, junto a organizaciones sociales, ambientales, comunidades indÃgenas y vecinos, presentó un recurso de aclaratoria ante la Corte Suprema para que se expida sobre el amparo iniciado en RÃo Negro contra la derogación de la Ley de Tierras. La presentación solicita que la causa sea devuelta al Juzgado Federal de Bariloche, ya que el planteo provincial también contempla la protección del ambiente, el agua y los derechos de los pueblos indÃgenas.
Odarda sostuvo que el fallo sobre el CECIM no resolvió la cuestión de fondo y afirmó que continuará impulsando acciones judiciales para recuperar la vigencia de la ley. «La soberanÃa no se entrega y el agua se defiende para nosotros y para las próximas generaciones de argentinos y argentinas», expresó.
1 octubre 2026
RÃo Negro