La demora en los trámites jubilatorios de docentes de Río Negro podría comenzar a resolverse a partir de un principio de acuerdo entre ANSES y la Provincia, que permitiría avanzar con la liquidación de los haberes pendientes, incluso antes de que se complete la regularización de los aportes no remunerativos. Sin embargo, la alternativa todavía no cuenta con una resolución oficial y hay docentes que llevan varios meses sin percibir ingresos.

El legislador Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, quien viene siguiendo el tema, explicó que el conflicto se origina en el presunto incumplimiento del convenio firmado en 2021 entre la Provincia y ANSES, que establecía la necesidad de regularizar las sumas no remunerativas que integran los salarios de los trabajadores estatales.

El problema se vincula con la modalidad de pago que mantuvo durante años el Estado provincial, con una proporción importante de los salarios abonada mediante conceptos no remunerativos. Esta situación tiene consecuencias sobre los aportes previsionales y, particularmente, sobre el cálculo de las jubilaciones, las pensiones por fallecimiento y los retiros por invalidez.

Delgado Sempé recordó que, tras la transferencia de la caja previsional provincial a la Nación, Río Negro había asumido el compromiso de no legislar sobre cuestiones previsionales y de avanzar en la regularización de los aportes. En el caso de los docentes, el régimen contempla el 82% móvil del último cargo, aunque para acceder a ese cálculo se requiere cumplir con las condiciones de estabilidad y remuneración establecidas.

El legislador señaló que, en 2021, se acordó un mecanismo de regularización que contemplaba un período de tres años de estabilidad con los salarios completamente remunerativos. No obstante, sostuvo que la Provincia continuó otorgando aumentos que incluían sumas no remunerativas, lo que habría generado las objeciones de ANSES y el posterior freno de los expedientes jubilatorios.

La situación comenzó a afectar tanto a las solicitudes de jubilación como a los trámites de actualización de haberes y reajustes. Delgado Sempé indicó que, en una de las últimas consultas realizadas, había 377 expedientes demorados en Buenos Aires, aunque aclaró que se trata de un número relevado con anterioridad y que no cuenta con una actualización precisa.

Uno de los aspectos más preocupantes del conflicto es la situación de quienes presentaron la renuncia definitiva a sus cargos para iniciar el trámite jubilatorio. A diferencia de quienes realizan una renuncia condicionada y continúan trabajando hasta que se resuelva su jubilación, estas personas dejan de percibir su salario y quedan a la espera del haber previsional.

El legislador explicó que algunos docentes se ven obligados a tomar esa decisión porque pierden sus cargos cuando se producen titularizaciones de otras personas con mayor puntaje. En esos casos, la continuidad en el puesto puede implicar una reducción de los ingresos, por lo que optan por presentar la renuncia definitiva e iniciar el proceso jubilatorio.

Esta situación dejó a trabajadores y trabajadoras sin cobrar ni el sueldo ni la jubilación durante meses. Delgado Sempé describió el impacto económico que genera esa interrupción de los ingresos y cuestionó que, pese a los reclamos realizados, no se hubiera brindado una explicación clara sobre las causas de las demoras.

Ante la falta de respuestas, el bloque Vamos con Todos, junto con el bloque del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, impulsó un pedido de informes a la Provincia para que el Ministerio de Educación y las áreas correspondientes expliquen formalmente los motivos que impiden avanzar con los trámites. La iniciativa busca obtener precisiones sobre las observaciones realizadas por ANSES y las medidas previstas para resolverlas.

En ese marco, Delgado Sempé indicó que mantuvo contactos con ANSES Central, desde donde le transmitieron que existiría un principio de acuerdo para comenzar a liquidar las jubilaciones tomando únicamente las sumas remunerativas y permitir luego un reajuste cuando la provincia regularice los aportes y remita nuevas certificaciones y regularice los aportes.

El legislador aclaró que la información todavía es extraoficial y que no corresponde dar por confirmada la medida hasta que se conozca una resolución de ANSES. También advirtió que la liquidación inicial podría resultar inferior al monto que les correspondería cobrar a los docentes una vez regularizada la totalidad de sus remuneraciones.

Mencionó como ejemplo dos casos en los que las sumas no remunerativas alcanzaban los 97.000 pesos, aunque aclaró que ese monto no necesariamente representa la situación de todos los trabajadores afectados, ya que las diferencias pueden variar de acuerdo con cada trayectoria salarial.

Por otra parte, la información que recibió el legislador contempla la posibilidad de que los titulares de los expedientes soliciten a la Provincia la rectificación de las declaraciones juradas previsionales. Si transcurren 120 días corridos desde esa presentación sin que se complete la información requerida, ANSES podría avanzar con la liquidación sin las sumas no remunerativas.

Delgado Sempé cuestionó los plazos que contempla ese mecanismo, especialmente para quienes ya llevan ocho o nueve meses de demora y no cuentan con ingresos. Consideró que sumar otros 120 días de espera podría prolongar aún más una situación que afecta directamente la economía de las familias involucradas.

El legislador también hizo referencia a las demoras en los trámites jubilatorios de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, que, de acuerdo con la información que maneja, pueden extenderse hasta un año y medio. En este caso, diferenció el problema de los expedientes docentes y sostuvo que las demoras responderían a los tiempos administrativos de ANSES, y no a una cuestión vinculada con la regularización de los aportes provinciales.

En relación con las gestiones realizadas ante el Gobierno provincial, Delgado Sempé manifestó que no obtuvo respuestas directas de las autoridades del área educativa a las notas presentadas. También señaló que, ante la falta de información, el pedido de informes legislativo se convirtió en una herramienta para exigir explicaciones formales.