El grupo que se acercó una vez más a Fiscalía de Estado pensó que iban a ser beneficiario de una unidad habitacional a través de un plan oficial, pero cuyo terreno fue adquirido al Sindicato de Trabajadores Viales de la provincia.

Una de las vecinas señaló que Carosio “nos dejó esperando acá afuera. Una vergüenza. No tiene respuesta para nosotros. Los terrenos prometidos nos los comprobaron. El mes pasado dijeron que tenían esta plata, pero no se que hicieron. Seguro que lo usaron para la campaña electoral”.

Otra de las vecinas dijo que “ya tuvimos bastante paciencia” y anunció que irán a la Justicia. “Hace 7 años que estamos esperando y hoy se escapó como una rata. Se fue, no dijo nada, nos dejó acá…”.

“Es una vergüenza. El sindicato de viales se burló de nosotros. Después cuando hicimos el acuerdo en la Justicia nos pusimos muy contentos. Nos prometieron comprar terrenos y hacernos las casas. Y ahora se nos burlan otra vez. Imaginate como nos sentimos”, dijeron.

Luego, señalaron que “nosotros compramos el terreno honestamente. Y tenemos que pasar este momento por ese sinvergüenza de Sansuerro. Un hombre que es apañado por el Estado”.

Ricardo Montanari, asesor legal de las familias perjudicatarias, confirmó que se recurrirá a la Justicia “porque no se ha cumplido con el acuerdo que se firmó ante el juez Juan Bernardi”.

“Estas personas estaban muy felices porque se iba a resolver el tema a través de una obligación del Estado. Pero ahora el sentimiento es de frustración porque no hicieron nada”, señaló el profesional.

“Acá hay muchos puntos negros, demasiados. Algún día sabremos la verdad sobre lo que pasó. Pero digamos que se dejó en libertad al Sindicato de Viales y nadie controlaba la sobreventa de terrenos. Ahora el IPPV dijo que el Sindicato no hará más vivienda para ellos, pero con eso no se soluciona nada”, indicó Montanari.

El convenio

El acuerdo entre los vecinos y el Estado fue firmado en octubre del año pasado, en el marco de una conciliación encabezada por el juez Juan Bernardi.

En esa oportunidad, el magistrado señaló que la Fiscalía de Estado de la provincia había consiguió el dinero para construir 23 viviendas más que sería destinadas a los perjudicatarios.

Esas casas se destinarían a 17 familias que concurrieron a la justicia por este conflicto y a otras cinco que también tienen ese derecho pero no habían judicializado la cuestión.