Gandolfi expreó que "es una vergüenza la actitud de desconsideración, la falta de compromiso que tiene tanto la Fiscalía de Estado como las autoridades del IPPV ante las 23 familias perjudicatarias del Sindicato de Viales, resulta además de asombroso, preocupante".

En ese sentido, indicó que "todos los que intervinimos en el conflicto, creímos en el compromiso asumido ante el Juez Bernardi en ocasión de la audiencia celebrada para encontrar una solución".

Es importante recordar que estas familias "fueron estafadas moral y materialmente, que compraron terrenos de buena fé y que nunca pudieron acceder a sus viviendas" y agregó que "si bien personalmente ya efectué la denuncia penal que se encuentra en curso, siempre abogué, desde un principio, por una solución integral para todos las familias perjudicadas del Plan 54 Viviendas".

Por el convenio suscripto el año pasado en sede judicial, la Provincia había asumido el compromiso de adquirir un terreno y construir un plan habitacional destinado a estas 23 familias, de las cuales 17 habían judicializado el reclamo oportunamente, y las restantes se les había reconocido el derecho. El plazo máximo para encontrar una solución habitacional era de 9 meses.

"Aparentemente, la Fiscalía de Estado no ha avanzado nada para dar cumplimiento a lo que se acordó, no ha comprado ni el terreno, ni ha hecho las gestiones necesarias para construir las casas. Seguramente por ello nadie da la cara, porque no tienen ningún argumento atendible para expresar a éstas familias, sólo su desidia y su incapacidad. Mientras las familias siguen golpeando puertas y peleando por lo que legítimo y les corresponde", consignó el Defensor Adjunto.

Agregó que en ese marco que "lamentablemente pareciera que la vía judicial es la única alternativa para hacer cumplir la palabra acordada y dar una solución habitacional a estas familias estafadas en su buena fe". Recordó además se trata de "montos importantes, de sectores medios de la sociedad que hicieron esfuerzos terribles para poder conseguir un terreno, que han pagado entre 7 y 50 mil pesos para pagar un terreno y toda las expectativas que una casa propia genera".

"Gente que ha vendido autos, que ha tomado empréstitos, que recibió ayuda de otros familiares, que ha hecho muchos sacrificios en los últimos años para acceder a un terreno, y no puede ser que el accionar delictivo de un grupo de personas vaya en perjuicio mucha gente. Ojalá se haga justicia y vayan presos los responsables" sentenció Gandolfi.

Finalmente, sostuvo que "el Estado tiene que hacerse responsable de ésta situación, tiene que cumplir el compromiso asumido e inmediatamente tiene que ejercer las acciones de judiciales de repetición, contra los bienes y el patrimonio del Sindicato y sus Directivos. Alguien tiene que hacerse cargo civil y penalmente de ésta situación. No da todo lo mismo. Alguien tiene que pagar de su propio bolsillo, por las estafas cometidas"