4 julio 2011 Río Negro Comentar
"De prosperar esta buena iniciativa – explicó Gandolfi – se determinará el valor máximo a los montos de los alquileres de edificios, casas, o locales destinados a oficinas públicas o otras dependencias estatales. El proyecto de ley establece que el Estado Provincial no puede pagar en concepto de alquileres a particulares, un monto superior a la aplicación de un porcentaje que va desde el 0,8% y el 1,2% del valor fiscal del inmueble, más una variación en dicho importe que no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo".

Gandolfi expresó que "comparte los argumentos esgrimidos por los autores de la iniciativa" y manifestó "que el Estado intervenga directamente en el mercado inmobiliario como demandante, pagando sumas altísimas, produce que el mercado mismo se termine distorsionando, desvirtuando, y que en Viedma nos veamos obligados a pagar alquileres altísimos. Por eso es importante poner un límite objetivo, poner coto a ésta situación y evitar abusos de las dos partes".

En ese marco, remarcó que "es importante que el Estado se posicione en un rol activo en las negociaciones que de él dependan, sin que su necesidad y/o la ausencia de alternativas, sea el flanco débil que motive el abuso por algunas inmobiliarias o de algunos particulares que quieren ganar sumas exhorbitantes. Pero también es importante llevar transparencia y claridad al sistema, evitando y despejando cualquier tipo de sospecha, duda o indicio que detrás de éstas contrataciones, se esconden solapadamente actos irregulares o de corrupción".

El funcionario consideró en ese sentido que "existe una necesidad imperiosa de establecer un mecanismo de control y/o limitación de los valores fijados en plaza para las locaciones del Estado, que aseguren parámetros históricos y reales de la actividad".

Gandolfi expresó "que el altísimo costo de los alquileres en Viedma, tiene diferentes componentes, pero sin lugar a dudas una de las variables que más influye en ésta situación alzista, es la intervención del Estado, abonando precios y sumas muy altas por oficias, reparticiones, locales y otras dependencias para funcionamiento de algunas reparticiones del Estado. Si a esto no tiene límite, se contraría la igualdad de trato que merecen otros comerciantes y emprendedores privados, y además repercute directamente sobre el precio de los alquileres de cientos familias que se ven obligados a contratar por carecer de vivienda propia".