El caso de Grandón remarcó algunas diferencias de opinión en el PPR

Comentar

Hace algunos días, la reelecta concejal Laura Ramos dijo a la prensa que Grandón “ignoraba la normativa vigente o mintió al declarar que no estaba inhabilitado”, al tiempo que adelantó que la Comisión de Poderes del Concejo “tomará una decisión el 10 de diciembre”.

La edil, posicionada en un sector interno opuesto al de Grandón, dijo que “es una inhabilidad clara la que plantea la Carta Orgánica”.

Por su parte, el titular del PPR en Viedma y ex convencional, Pedro Suárez, planteó hace algunos días que algunos medios pusieron en marcha una especia de “persecución mediática” contra el electo concejal y no dudo en vincular el tema con “cuestiones políticas partidarias”.

“Nunca dijeron nada de Verani en el ’88 cuando fue candidato a gobernador y también trabajo en la dictadura”, dijo Suárez, quien negó que Grandón haya sido designado como director general de Comisiones de Fomento en 1982.

Suárez aseguró que hay otras personas que asumirán en diciembre y también cumplieron funciones jerárquicas durante el último gobierno de facto, pero se negó a dar mayores precisiones ante una consulta de La Palabra.

Por su parte, la legisladora Inés Lazzarini dijo que la situación de Grandón “se está analizando en el partido” y dijo desconocer si el concejal electo ocupó un cargo jerárquico.

“No condenemos a Grandón antes de tiempo”, dijo Lazzarini y marcó diferencias con Suárez en cuanto al rol que ocupó la prensa al tratar el tema: “Los medios no persiguen ni conspiran, solamente levantaron la información y la difundieron”, dijo.

Señaló que más allá de este caso en particular, habría que rever la letra de la Carta Orgánica en lo relativo a este tema. “Le falta claridad, porque además el haber sido funcionario durante la dictadura no conlleva obligatoriamente que se haya cometido un delito de lesa humanidad”, opinó la legisladora viedmense.

También te puede interesar...